¿Es posible que el presupuesto destinado a los estudiantes de Honduras termine en bolsillos de «empleados fantasma»? La respuesta parece ser un rotundo sí. Lo que comenzó como una auditoría de rutina en el sector educativo del norte del país se ha transformado en un escándalo político y judicial que pone en peligro la vida de quienes se atreven a señalar la corrupción.

La grave denuncia de Rafael Eduardo Rodríguez

El actual Director Departamental de Educación en Cortés, Rafael Eduardo Rodríguez, ha levantado la voz contra una estructura de irregularidades que desangra las arcas estatales. Sin embargo, su acción ha tenido como resultado el recibimiento de amenazas de muerte directas.

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A través de llamadas telefónicas intimidantes, sujetos desconocidos le han manifestado que conocen sus movimientos y su lugar de residencia. Ante este panorama, el funcionario ha hecho un llamado urgente a los cuerpos de seguridad del Estado para resguardar su integridad física, responsabilizando directamente a los parlamentarios señalados si llegase a sufrir cualquier atentado.

El millonario desfalco de los «empleados fantasma»

Tras una rigurosa línea de investigación iniciada en febrero para sanear el sistema, los hallazgos son alarmantes según Rodríguez. Entre los años 2024 y 2025, se detectó una red de nombramientos irregulares que operaba bajo las siguientes modalidades:

• 152 personas contratadas que jamás se presentaron a sus puestos de trabajo.

• Planillas mensuales que superaban los 25 millones de lempiras en pagos a personal inexistente.

• Salarios variables que oscilaban entre los 17,000 y hasta los 60,000 lempiras, dependiendo de perfiles académicos creados a conveniencia.

Este drenaje de recursos públicos no solo afecta la economía del país, sino que priva al sistema educativo de fondos vitales para infraestructura y materiales pedagógicos.

Diputados bajo la lupa: Los nombres detrás del escándalo

Rodríguez no ha dudado en mencionar a figuras políticas de alto perfil que, según sus investigaciones, mantenían una influencia directa en la Dirección Departamental. Entre los señalados figuran:

Scherly Arriaga: Señalada por tener un control operativo sobre la institución. Se denunció que su madre, la señora María de la Cruz Gómez, figuraba en la gerencia administrativa desde 2024 sin haber laborado un solo día.

Edgardo Casaña, Rita Zúniga y Emilio Guifarro: Mencionados dentro de la lista de influencias en las contrataciones.

Ramón Barrios: Vinculado por personal recomendado que laboraba en la entidad. Barrios ha otorgado un plazo de 48 horas para la presentación de pruebas, a lo que Rodríguez respondió con firmeza que los expedientes están listos para ser entregados.

Hacia una ruta judicial: El siguiente paso

La denuncia pública es solo el primer peldaño de una estrategia legal más amplia. El Director Departamental confirmó que las evidencias serán trasladadas a los entes competentes para iniciar los procesos penales y administrativos correspondientes:

• Ministerio Público (MP) para la investigación de delitos financieros.

• Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para auditar el uso de los fondos.

• Procuraduría General de la República (PGR) para establecer las responsabilidades del caso.

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