El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) inició una auditoría financiera y de cumplimiento legal en la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), luego de una denuncia presentada por las nuevas autoridades sobre un supuesto manejo indebido de más de 6 mil millones de lempiras destinados al proyecto Bono Tecnológico.

La revisión busca determinar si existieron irregularidades en la ejecución de los recursos durante el período comprendido entre el 27 de enero de 2022 y el 26 de enero de 2026, correspondiente a la administración anterior.

Auditoría abarcará cuatro años de ejecución presupuestaria

“Como parte del proceso, una comisión de la Gerencia de Auditoría del Sector Productivo del TSC se instaló en las oficinas de la SAG para iniciar la revisión de la documentación relacionada con la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables al programa”, comunicó el vocero del órgano auditor, Rodolfo Isaula.

Las autoridades del ente contralor señalaron que esta auditoría forma parte de su Plan Operativo Anual y tiene como objetivo verificar el manejo de los fondos públicos destinados al Bono Tecnológico.

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SAG presentó denuncia ante el Ministerio Público

El secretario de Agricultura y Ganadería, Moisés Molina, informó que la institución también interpuso una denuncia ante el Ministerio Público, luego de detectar inconsistencias en la documentación del proyecto.

Según explicó, sí existe evidencia relacionada con la compra de los insumos a través de una organización internacional; sin embargo, no encontraron la documentación que respalde la liquidación y entrega de esa asistencia a los productores beneficiarios.

«El Tribunal Superior de Cuentas ya está realizando su trabajo y revisando todo lo que corresponde. Nos han advertido que este proceso podría tardar aproximadamente un año debido al volumen de información que debe analizarse», indicó Molina.

Asimismo, recordó que la denuncia ante el Ministerio Público fue presentada recientemente para que esa institución desarrolle las investigaciones correspondientes conforme a la ley.

Buscan establecer el destino de los fondos

Las autoridades de la SAG señalaron que uno de los principales objetivos es determinar cómo fueron utilizados los recursos asignados al Bono Tecnológico y verificar que la distribución de los insumos haya quedado debidamente documentada.

También señalaron que presentar las denuncias busca aclarar responsabilidades administrativas y legales. Si no se inician las acciones necesarias, la actual administración podría tener que asumir responsabilidades por posibles irregularidades de la gestión anterior.

Tanto la auditoría del TSC como la investigación del Ministerio Público continuarán en paralelo para establecer si existió un manejo inadecuado de los recursos públicos destinados al apoyo del sector agrícola hondureño.

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