El Ministerio Público mantiene entre 10 y 15 investigaciones en curso contra exfuncionarios de la administración anterior. Entre los casos figura el denominado Cheque Sol, relacionado con presunta adjudicación irregular de contratos y manejos anómalos de planillas y subsidios por parte de diputados.

A esto se suman pesquisas, por supuesto, sobre sobrevaloración en la construcción de ocho hospitales públicos y el presunto uso irregular de más de 6 mil millones de lempiras destinados al programa Bono Tecnológico.

En ese sentido, Rodolfo Zelaya, dirigente nacionalista, denuncia que “los saqueos de Libre fueron sistemáticos, fueron para no hacer inversión. No les importaba el presupuesto, la ejecución del mismo, no les importaba el destino de cada partida, lo utilizaban sencillamente para sacar recursos, depositar dinero en Miami, depositar dinero en Florida”.

Sociedad civil denuncia supuestas irregularidades

Organizaciones de sociedad civil también señalaron presuntos actos de corrupción en instituciones como la Secretaría de Gobernación y Justicia, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Planificación y Estrategia. Sin embargo, hasta la fecha se desconoce el avance de esas investigaciones.

Desde Libertad y Refundación sostienen que, si las pesquisas derivan en requerimientos fiscales, se trataría de una persecución política.

“Lo malo de aquí, licenciado y pueblo hondureño que nos ve, lo malo de aquí es que estamos ante un escenario en el cual, repito, se ha utilizado la institucionalidad para hacer persecución política y eso es lo que está ocurriendo en la actualidad”, afirma Wilson Paz, exfuncionario de la administración de Xiomara Castro (2022-2026).

Expertos son escépticos

Analistas, por su parte, consideran que estos procesos de investigación de poco o nada sirven a la población hondureña, pues explican que tanto los entes de investigación como los contralores son manejados por partidos políticos y la justicia solo se aplica para quienes no están en el poder.

“Aquí el problema es que no se está combatiendo la corrupción. Desde el punto de vista institucional hay toda una legislación que protege a los corruptos”, opinó Pablo Carias, analista político.

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