El reciente anuncio del fiscal general de la República, Johel Zelaya, sobre un inminente caso de corrupción que “estremecerá al país”, ha desatado una nueva ola de tensión política en Honduras.

Mientras la oposición califica las declaraciones como un intento de intimidación, el oficialismo ha respaldado firmemente la postura del titular del Ministerio Público.

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Zelaya adelantó que el Ministerio Público presentará ante los tribunales un caso de corrupción que involucra a más de 30 personas y que habría ocurrido durante la administración anterior.

Según investigaciones preliminares, se trataría de un desvío de fondos públicos que supera los 3 mil millones de lempiras, dinero que, según el fiscal, «pudo haber sido destinado a la compra de medicamentos y mejoras en escuelas».

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De esta manera, dirigentes y diputados de partidos adversos al gobierno aseguraron que las declaraciones del fiscal son “apresuradas” y que responden a una estrategia para “amedrentar y silenciar a quienes critican al actual gobierno».

Sin embargo, desde el oficialismo, particularmente desde el partido Libertad y Refundación (Libre), aseguran que no se está persiguiendo a nadie por ideas políticas.