El experto en materia criminal Carlos Padilla reaccionó al anuncio realizado por el secretario de Defensa, Gerson Velázquez, quien informó que presentará ante el Congreso Nacional un paquete de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal con el objetivo de convertir el delito de extorsión en un delito de acción pública.

La iniciativa fue anunciada luego de que el funcionario se presentara ante la Comisión de Seguridad del Poder Legislativo para plantear las modificaciones legales que buscan fortalecer la persecución penal contra este delito que afecta a miles de hondureños.

Reformas deben analizarse con profundidad

Padilla reconoció la capacidad de las autoridades que impulsan la propuesta, entre ellos Velázquez y el viceministro Rommel Martínez, aunque advirtió que aún se desconocen los detalles de las reformas.

“Tanto el ministro Velázquez como el viceministro Rommel Martínez son personas muy capaces en su área, pero habría que ver en qué basan las reformas que pretenden presentar”, señaló el especialista.

El experto indicó que hasta el momento únicamente se ha anunciado la iniciativa, sin que se conozca públicamente el contenido específico de las modificaciones que serían presentadas ante el Congreso Nacional.

La solución no es solo aumentar castigos

El analista explicó que endurecer las penas o fortalecer el enfoque punitivo no necesariamente resolverá el problema de la criminalidad en el país.

“El elemento punitivo al delito no es enteramente la solución”, afirmó Padilla al referirse a la estrategia para enfrentar delitos como la extorsión.

A su criterio, la criminalidad debe abordarse desde diferentes enfoques, no solo desde la represión, sino también atendiendo las condiciones sociales que influyen en el aumento de los delitos.

“No es aumentando el castigo que se combate el flagelo, sino también mejorando las condiciones sociales de la población”, agregó.

Corrupción y desigualdad influyen en la criminalidad

Padilla también señaló que factores estructurales como la falta de acceso a derechos básicos influyen en la descomposición social que favorece la criminalidad.

En ese sentido, explicó que problemas relacionados con empleo, vivienda, salud, educación y seguridad social inciden en el contexto que facilita el crecimiento de los delitos.

“Todo el dinero que drena la corrupción histórica en la administración pública elimina el acceso a que el Estado pueda cumplir estas garantías para la población”, concluyó el especialista.

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Seguridad impulsa reformas al Código Penal para que la extorsión sea delito de orden público

El titular de la Secretaría de Seguridad en Honduras, Gerzon Velásquez, anunció que el Gobierno impulsará reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal con el objetivo de convertir la extorsión en un delito de orden público y fortalecer la capacidad del Estado para combatir a las estructuras criminales.

El funcionario explicó que la iniciativa será enviada al Congreso Nacional, donde será analizada inicialmente por la Comisión de Seguridad, con la finalidad de dotar a la Policía Nacional y al sistema judicial de herramientas jurídicas más eficaces para investigar y perseguir este delito.

Velásquez señaló que la propuesta busca mejorar la respuesta institucional frente al incremento de actividades delictivas y coordinar acciones con el Ministerio Público y el Poder Judicial, con el objetivo de reducir los índices de violencia que afectan al país.

Reformas para fortalecer la persecución del delito

El ministro indicó que las reformas pretenden ampliar las capacidades legales del Estado para enfrentar las redes criminales vinculadas a la extorsión.

Según explicó, de aprobarse las modificaciones legales, las autoridades contarán con mayores instrumentos para la investigación y persecución de estas organizaciones, uno de los principales desafíos en materia de seguridad pública.

Entre las medidas complementarias anunciadas, Velásquez destacó el fortalecimiento del presupuesto destinado al sector policial.

Detalló que durante 2025 el Estado destinó aproximadamente 1,200 millones de lempiras para el alquiler de patrullas y vehículos de seguridad. Para 2026 se prevé un monto similar, enfocado en operaciones policiales exclusivas con el objetivo de optimizar el uso de los recursos públicos.

Asimismo, informó que alrededor de 250 camionetas ejecutivas, anteriormente asignadas a funcionarios públicos, serán utilizadas en labores policiales para reforzar la capacidad operativa sin incrementar significativamente el gasto estatal.

El funcionario explicó que el alquiler de una patrulla puede costar cerca de tres mil lempiras diarios, mientras que una camioneta blindada puede alcanzar los ocho mil lempiras por día.

Incentivos y apoyo al personal policial

Velásquez también anunció la entrega de un bono alimenticio correspondiente a los meses de enero y febrero para los agentes policiales.

El incentivo contará con una bolsa aproximada de 130 millones de lempiras y beneficiará a cerca de 24 mil miembros de la Policía Nacional en todo el país.

Según el funcionario, esta medida busca mejorar las condiciones laborales de los agentes y fortalecer el cumplimiento de las estrategias de seguridad pública.

Operativos focalizados en zonas de mayor criminalidad

La estrategia de seguridad también contempla la reorganización de los recursos policiales para concentrarlos en los territorios con mayor incidencia delictiva.

“En estos 30 días hemos reorganizado el servicio policial focalizándolo en aquellos territorios que tienen mayor incidencia criminal y estamos muy conscientes de que tenemos una gran responsabilidad de bajar los indicadores de violencia”, afirmó Velásquez.

Los operativos recientes se han concentrado principalmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde las autoridades han identificado y desarticulado estructuras criminales dedicadas al asalto en barrios y colonias.

Además, las investigaciones policiales han identificado como zonas prioritarias el Valle de Sula, el Litoral Atlántico y sectores del departamento de Yoro, donde se han intensificado las acciones de prevención y seguridad.

Mesa interinstitucional ante violencia contra mujeres

El titular de Seguridad también se refirió al incremento de la violencia contra las mujeres en el país, problemática que ha generado preocupación entre autoridades y organizaciones de derechos humanos.

En ese sentido, anunció la creación de una mesa interinstitucional que analizará las causas de este fenómeno y propondrá estrategias de prevención.

“Tenemos que hacer campañas de prevención especialmente en las zonas rurales, que es donde se produce la mayor cantidad de violencia contra las mujeres”, señaló el funcionario.

Velásquez reconoció que no todos los homicidios de mujeres se catalogan como femicidios, pero subrayó que el aumento de estos casos obliga a fortalecer las políticas de prevención, especialmente en las áreas rurales del país.

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