El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, reveló que desde el año 2022, al menos 220 diputados de todas las bancadas políticas han solicitado y ejecutado recursos del Fondo Social para proyectos comunitarios, sumando más de 2,850 millones de lempiras destinados a través de subvenciones estatales.

Según los datos proporcionados, los fondos han sido gestionados por:

• 96 de los 100 diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre)
• 70 de 88 del Partido Nacional
• 39 de 44 del Partido Liberal
• 11 de 20 del Partido Salvador de Honduras
• 2 de 2 de la Democracia Cristiana y del Partido Anticorrupción

“Todos los partidos han participado en este esquema de fondos. No se puede señalar a unos y encubrir a otros”, declaró Redondo.

Listado de diputados con mayor asignación en 2024

En lo que va del 2024, registros de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) muestran nombres de legisladores que han gestionado millones de lempiras en proyectos. Entre ellos destacan:

• Isis Cuéllar: L 6 millones
• Silvia Ayala: L 400 mil + L 2 millones (FHIS)
• Harry Dixon: Casi L 2 millones
• Russell Tomé: L 12 millones
• Edgardo Casaña: L 1.4 millones
• Bartolo Fuentes: L 3.25 millones
• Fabricio Sandoval: L 3 millones + L 8 millones (FHIS)
• Juan Barahona: L 5 millones
• Víctor Hugo Romero: L 3.25 millones
• Juan Ramón Flores: L 6.5 millones

En total, 69 diputados figuran como beneficiarios de estos recursos el año pasado.

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Críticas: “Todos son iguales”

Las declaraciones han generado reacciones contundentes. Analistas políticos y sectores sociales cuestionan que los diputados no están llamados a ejecutar fondos, sino a legislar. La gestión de estos recursos por parte de congresistas ha sido catalogada como una “práctica nociva y clientelar” que recuerda esquemas anteriores en el poder legislativo.

“Todos son iguales. Ninguno tiene la moral para señalar a otro. Lo que antes criticaban, hoy lo repiten con otro nombre”, opinó el analista político Carlos Arévalo.

Además, algunos expertos advierten que, aunque los legisladores no manejan directamente el dinero, su cercanía con alcaldes, ONG y patronatos para ejecutar los proyectos puede convertirse en un mecanismo para evadir responsabilidades legales, y en algunos casos, incurrir en delitos penales.

“Cuando un diputado o alcalde se involucra directamente en la ejecución de un proyecto, puede incurrir en responsabilidad penal. El Ministerio Público debe investigar”, señaló el experto en temas políticos, Luis León.

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¿Uso político de los fondos?

También circula un video en redes sociales que, según varios sectores, evidenciaría un supuesto desvío de fondos de Sedesol para campañas políticas. A pesar de que el ingeniero Luis Redondo defendió los proyectos sociales como legítimos, muchos sectores ven sus declaraciones como una justificación forzada.

“El discurso de que no usarían recursos del Estado para campañas fue una mentira más. Han replicado las mismas prácticas, solo que en versión 2.0”, expresó Eder Mejía, diputado nacionalista.

Desde el oficialismo se insiste en que los proyectos responden a solicitudes de las comunidades, y que los diputados únicamente canalizan peticiones firmadas por ciudadanos, sin intervenir directamente en la ejecución del dinero.

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