El debate sobre la redistribución de funciones dentro del Poder Judicial volvió a escena tras la iniciativa presentada en el Congreso Nacional que plantea retirar atribuciones administrativas a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Frente a este escenario, el magistrado Mario Díaz expresó su postura y cuestionó la vía que actualmente se discute en el Legislativo. A juicio del togado, el decreto que se pretende modificar es de carácter transitorio y la alternativa planteada también tendría naturaleza temporal.

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Díaz considera que la salida adecuada no es reformar disposiciones provisionales, sino avanzar hacia la creación de una nueva Ley del Consejo de la Judicatura, en cumplimiento de lo que establece la Constitución de la República. Sostuvo que esta normativa permitiría regular de forma integral los aspectos administrativos del Poder Judicial, incluyendo nombramientos, concursos, traslados y manejo de personal.

“El remedio no puede ser otra medida transitoria”, señaló en referencia a la propuesta legislativa. Desde su perspectiva, el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia deberían trabajar de manera conjunta en la construcción de una legislación permanente que delimite claramente las competencias administrativas y jurisdiccionales.

El magistrado también recordó que cualquier conformación futura del Consejo de la Judicatura debe apegarse a los parámetros fijados en la sentencia que declaró inconstitucional su integración anterior. Dicho fallo, explicó, estableció lineamientos para evitar que la elección de autoridades judiciales contravenga principios constitucionales.

En cuanto al impacto directo sobre la presidenta de la CSJ, Díaz indicó que la tendencia moderna en la administración de los poderes judiciales apunta a separar las funciones administrativas de las estrictamente jurisdiccionales. Bajo ese enfoque, los magistrados deberían concentrarse exclusivamente en la resolución de casos y en la función judicial propiamente dicha.

Magistrado Mario Díaz se refiere a la ley que quita poderes administrativos a la presidenta de la CSJ

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Aunque reconoció que la presidencia ejerce un rol de coordinación general, enfatizó que la estructura ideal es aquella en la que los asuntos administrativos recaen en un órgano especializado como el Consejo de la Judicatura, permitiendo a los magistrados dedicarse plenamente a su labor jurisdiccional.

La discusión legislativa continúa, mientras distintos sectores analizan si la reforma propuesta representa una solución temporal o si el país debe encaminarse hacia una reestructuración más amplia del modelo administrativo del Poder Judicial.