El Congreso Nacional aprobó una ley que restringe los poderes administrativos y de nombramiento de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando.

La medida generó debate sobre la independencia judicial y la administración de los órganos colegiados, y fue discutida este jueves durante el foro La Entrevista de Canal 11, conducido por el licenciado Raúl Valladares.

Analistas y exfuncionarios del sistema electoral y judicial del país compartieron sus perspectivas sobre la normativa y su impacto en la gobernabilidad.

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Opiniones de expertos

Augusto Aguilar, exmagistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), respaldó la medida, asegurando que cumple con la ley al limitar que un funcionario judicial se involucre en actividades políticas.

“El problema no es exclusivo de la Corte Suprema; también aplica a organismos colegiados como el Tribunal Superior de Cuentas y el Consejo Nacional Electoral, donde las decisiones deben tomarse por el Pleno y no por un solo presidente”, explicó.

Flavio Nájera, exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), coincidió en la necesidad de establecer reglas claras. Según Nájera, la ley busca organizar los órganos colegiados y generar estabilidad jurídica y técnica en el país, evitando el desorden y la incertidumbre política que han afectado a Honduras en el pasado.

Arístides Mejía, también exmagistrado presidente del CNE, celebró la medida y sostuvo que los jueces deben enfocarse únicamente en sus funciones judiciales. “Los jueces no deben involucrarse en política ni en la administración de proyectos. Su papel es emitir fallos y desarrollar una carrera judicial sólida”, dijo.

Mejía agregó que la medida temporal debería extenderse a todos los magistrados mientras se apruebe la Ley de la Judicatura.

Segunda vuelta y legitimidad presidencial

Durante el foro, Mejía también abordó la necesidad de implementar una segunda vuelta electoral en Honduras. Señaló que la legitimidad política del presidente actual podría verse afectada por la estrecha diferencia de votos en las elecciones recientes. La segunda vuelta, explicó, permitiría consolidar la aceptación ciudadana y garantizar un margen más amplio que respalde la gobernabilidad.

Hacia la estabilidad institucional

Los analistas coincidieron en que la decisión del Congreso busca fortalecer la institucionalidad, garantizar la transparencia en los órganos colegiados y crear un marco de estabilidad que permita al país enfocarse en sus prioridades.

La medida, dijeron, no debe interpretarse únicamente como un acto político, sino como un paso para organizar y estabilizar la administración judicial en Honduras.

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