El Congreso Nacional de Honduras aprobó este lunes 18 de mayo de 2026 un paquete de reformas al Código Penal y Procesal Penal que busca endurecer las penas contra la extorsión y declarar a las maras y pandillas como organizaciones terroristas.

La medida fue respaldada por unanimidad de las bancadas, reflejando un consenso político frente a la creciente ola de criminalidad que afecta al país.

Reformas clave aprobadas

• Endurecimiento de penas por extorsión: Las condenas ahora van de 15 a 20 años de prisión, y en casos donde la extorsión derive en la muerte de una persona, se aplicará cadena perpetua.
• Declaratoria de maras y pandillas como terroristas: Estas estructuras criminales serán tratadas como asociaciones terroristas, lo que otorga nuevas herramientas legales a fiscales y jueces.
• Creación de la Agencia Nacional contra el Crimen: Un ente que integrará organismos de seguridad e inteligencia para coordinar acciones contra el crimen organizado.
• Fortalecimiento de centros penales: Se autorizó la construcción de nuevas cárceles para enfrentar la sobrepoblación y separar a miembros de maras del resto de privados de libertad.
• Mayor presencia militar en las calles: Las Fuerzas Armadas tendrán facultades ampliadas para apoyar en el combate a la criminalidad.

Diversas opiniones

Los diputados señalaron que estas reformas buscan frenar el llamado “impuesto de guerra” impuesto por maras y pandillas, que ha golpeado duramente al sector transporte, pequeños comerciantes y emprendedores.

La extorsión ha provocado cierres de negocios, pérdidas millonarias y numerosas muertes, por lo que consideran urgente dotar al sistema judicial y policial de herramientas más contundentes.

Aunque la aprobación fue unánime, algunos sectores advirtieron que el endurecimiento de penas no será suficiente si no se acompaña de políticas de prevención, mejor equipamiento policial y mejoras en salarios y logística de los agentes.

También se discutió la necesidad de garantizar que las reformas no criminalicen el derecho a la protesta social, un punto que fue enmendado durante el debate legislativo.

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