El abogado Javier García consideró necesario realizar reformas profundas al Código Penal de Honduras y al Código Procesal Penal, señalando que el sistema de justicia hondureño enfrenta problemas estructurales que van más allá de simples modificaciones legales.

Las declaraciones surgen ante el anuncio de nuevas discusiones relacionadas con reformas penales que comenzarían a analizarse en los próximos días.

Cuestiona origen del actual Código Penal

Durante su análisis, García recordó que el actual Código Penal entró en vigencia en 2020, en plena pandemia, durante la administración del Partido Nacional, generando desde entonces fuertes críticas de distintos sectores.

Según explicó, muchas organizaciones denominaron esa normativa como un “Código de impunidad”, debido a la reducción de penas y beneficios otorgados para ciertos delitos.

“No todo es malo y no todo es bueno, pero se necesita una revisión profunda y exhaustiva”, expresó.

El profesional del derecho advirtió que cualquier reforma debe enfocarse en cambios sustanciales y no únicamente en modificaciones superficiales.

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Señala fallas en sistema penitenciario

El abogado también aseguró que el problema del sistema penal hondureño no se limita únicamente a las leyes, sino que involucra instituciones como el Ministerio Público de Honduras y el sistema penitenciario nacional.

A criterio de García, las cárceles del país atraviesan una crisis severa y, en muchos casos, se han convertido en espacios donde se fortalecen estructuras criminales.

“Muchas veces las cárceles son escuelas del crimen”, afirmó.

Asimismo, cuestionó que dentro de algunos centros penitenciarios continúen encontrándose armas, dinero y otros objetos prohibidos durante operativos de inspección.

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Pide reformas integrales y no políticas

El jurista sostuvo que Honduras necesita reformas integrales dentro del sistema de justicia y no únicamente cambios impulsados desde sectores políticos.

También manifestó preocupación por denuncias relacionadas con llamadas telefónicas que supuestamente continúan realizándose desde cárceles pese a restricciones tecnológicas implementadas en algunos centros penales.

Según indicó, el objetivo real del sistema penitenciario debería enfocarse en la rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad.

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Debate sobre reformas continúa

Las declaraciones del abogado se suman al debate nacional sobre la necesidad de modificar leyes penales y fortalecer las instituciones encargadas de impartir justicia y garantizar seguridad en Honduras.

Diversos sectores coinciden en que el país enfrenta desafíos relacionados con corrupción, impunidad y criminalidad, mientras continúan las discusiones sobre posibles cambios legales.