El Ministerio Público no presentará apelación contra el cambio de medidas dictado a favor del exministro de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Gabriel Rubí, quien ahora enfrenta cargos por fraude y violación de los deberes de los funcionarios en condición de arresto domiciliario.

El caso está vinculado a la compra irregular de ventiladores mecánicos durante la pandemia de COVID-19.

Según el requerimiento fiscal, la adquisición de estos equipos defectuosos representó un perjuicio económico de más de 63 millones de lempiras al Estado hondureño.

Sin embargo, el Ministerio Público no se opuso a la modificación de la medida, argumentando que otros imputados en el mismo expediente ya gozan de beneficios similares.

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Fianza millonaria y condición médica motivaron la decisión de dejar en libertad a Rubí

La defensa de Rubí acreditó ante el juzgado una caución hipotecaria equivalente a 7 millones de lempiras, respaldada por una propiedad en El Progreso, Yoro, con valor superior a 6 millones. Además, presentó una constancia médica que certifica el estado de salud delicado de una menor dependiente del imputado.

El exministro también deberá cumplir con otras medidas como firmar cada viernes ante los juzgados y tiene prohibido salir del país, según confirmaron fuentes judiciales. Expertos en derecho explicaron que el arresto domiciliario no representa una liberación total, ya que Rubí continuará bajo vigilancia mientras avanza el proceso judicial.

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Otros imputados con medidas sustitutivas

En el mismo caso ya enfrentan proceso bajo medidas alternas Cristian Elías Antelí Chavarría, Clara Lisset Trejo y Alexis Yamil Peña. Por su parte, Lisandro Rosales, excanciller y también excomisionado de Copeco, permanece prófugo de la justicia.

La decisión judicial ha generado opiniones divididas, pero hasta el momento, no se anticipan nuevos movimientos por parte del ente acusador del Estado.