El Juzgado de Letras Penal dictó auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva contra Mario Roberto Reyes López, exdirector del Programa de Vivienda Social del Instituto de la Propiedad (IP), por suponerlo responsable del delito de fraude en perjuicio de la administración pública2.

La resolución fue emitida tras la audiencia inicial celebrada esta semana, en la que el juez valoró los medios probatorios presentados por las partes procesales. De no interponerse recurso de apelación, la audiencia preliminar quedó programada para el jueves 9 de octubre.

#JuzgadoPenal de #Tegucigalpa dictó prisión preventiva para ex empleado del Instituto de la Propiedad. pic.twitter.com/CJ6nNW41I2

— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) August 29, 2025

 El esquema de fraude: fondos desviados y proyectos fantasmas

Según las investigaciones del Ministerio Público, Reyes López habría participado en una red de exfuncionarios de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) del IP que se coludió para desviar fondos públicos mediante un convenio irregular con la Fundación Ayudando con Amor.

El convenio, firmado en 2022, estipulaba el desembolso de 39.5 millones de lempiras bajo la figura de donación para la ejecución de proyectos sociales que nunca se realizaron. Sin embargo, la UCP no estaba legalmente facultada para otorgar donaciones, ya que los recursos que administraba provenían de la Tasa Vehicular, impuestos registrales y traslación de dominio, canalizados a través del fideicomiso SITEC, el cual ya había sido derogado.

Un año después, los fondos comenzaron a ser transferidos mediante cheques a cuentas controladas por los imputados, quienes habrían utilizado documentos falsos para justificar los pagos. El Ministerio Público sostiene que este esquema permitió el saqueo sistemático de recursos estatales.

 Otros implicados

Además de Reyes López, el requerimiento fiscal incluye a otros exfuncionarios del IP: Cristy Dayanara Sánchez Valle (excoordinadora técnica), Tania Michell Montoya Zepeda (exgerente administrativa y financiera), Leyla Patricia Rubio Valladares (excoordinadora de presupuesto), así como Claudia Pamela Álvarez Matute y Bairon Josué Berríos Salinas, representantes de la fundación involucrada3.

Todos enfrentan cargos por fraude y uso de documentos falsos, en una causa que podría convertirse en uno de los casos emblemáticos de corrupción administrativa en el país.

 Implicaciones institucionales

Este caso se suma a una serie de investigaciones que buscan depurar el manejo de fideicomisos públicos y fortalecer los mecanismos de control en instituciones estatales. La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción (FETCCOP) ha reiterado su compromiso de llevar ante la justicia a quienes hayan abusado de fondos públicos.

La detención de Reyes López marca un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción en Honduras, en momentos en que la ciudadanía exige mayor transparencia y rendición de cuentas en el uso de recursos destinados a programas sociales.

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