Detención a exdirector del Programa de Vivienda Social del IP

Dictan detención judicial a exdirector del Programa de Vivienda Social del IP por presunto fraude

27 de agosto de 2025Judiciales, Nacionales, ON

Un juez de Letras, durante una audiencia para la declaración de un imputado, dictó la medida de detención judicial al exdirector del programa de vivienda social del Instituto de la Propiedad (IP).

Mario Roberto Reyes López es el nombre del imputado, quien está siendo acusado por cometer fraude.

La primera audiencia se llevó a cabo el jueves 28 de agosto a las 9:00 am.

Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada Medio Ambiente y Corrupción
celebró audiencia de Declaración de Imputado y dictó Detención Judicial en la causa instruida para el ciudadano Mario Roberto Reyes López (exdirector del Programa de Vivienda Social del Instituto de la… pic.twitter.com/IcBvgbRBeJ

— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) August 26, 2025

¿Cuáles son los cargos?

De acuerdo con la demanda fiscal presentada por el Ministerio Público, el acusado está involucrado en la utilización de fondos públicos de la Unidad Coordinadora de Proyectos del IP.

Además, se acusó a los siguientes: la exgerente administrativa Tania Michell Montoya Zepeda, la excoordinadora de presupuesto Leyla Patricia Rubio Valladares, la excoordinadora técnica Dayanara Sánchez Valles y los delegados de la Fundación Ayudando con Amor: Bairon Josué Berrios Salinas y Claudia Pamela Álvarez Matute.

Según los estudios, los acusados concertaron para emplear recursos del fideicomiso SITEC en la firma de un acuerdo con la Fundación Ayudando con Amor para llevar a cabo proyectos sociales que no se concretaron.

El acuerdo estipulaba que la Unidad Coordinadora de Proyectos desembolsaría 39.5 millones de lempiras a través de una donación, aunque la UCP no tenía permiso para llevarlo a cabo porque los fondos eran provenientes de la Tasa Vehicular.

El ente acusador del Estado indicó que el desembolso de los fondos comenzó a hacerse con cheques a cuentas supervisadas por los imputados un año después de la firma del convenio.