El Congreso Nacional de Honduras finalizó la lectura del informe final de la Comisión Especial de Juicio Político y confirmó la destitución de funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Entre ellos figuran Marlon David Ochoa Martínez, el magistrado Mario Alexi Morazán Aguilera y los suplentes Lourdes Maribel Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez Peralta.

La sesión se desarrolló en el hemiciclo legislativo, con transmisión en vivo. El pleno conoció el informe final y procedió a dos votaciones separadas.

Primero se sometió a decisión la destitución de los funcionarios inasistentes. Luego se votó el caso del magistrado Morazán, quien sí compareció ante el Congreso para ejercer su defensa.

En ambas votaciones, el Congreso aprobó el informe y la destitución con 88 votos a favor. También quedó registrado en acta que los nueve integrantes de la Comisión Especial de Juicio Político no participaron en la votación.

El procedimiento concluyó con la aprobación del decreto legislativo, mediante el cual el Congreso declaró la destitución permanente de los funcionarios señalados, tras considerar configuradas las causales establecidas en la Ley Especial de Juicio Político.

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El origen del juicio político

El juicio político se originó a partir de denuncias contra los funcionarios señalados. Las acusaciones se centraron en presuntas actuaciones y omisiones durante las elecciones generales de 2025.

En ese periodo, el CNE y el TJE enfrentaron retrasos administrativos, tensiones internas y dificultades en el escrutinio.

Los informes analizados en el Congreso señalan parálisis institucional, inasistencias y falta de quórum, factores que habrían afectado la toma de decisiones. También se reportaron retrasos en procesos clave del sistema electoral.

Las denuncias impulsaron a los diputados a activar el procedimiento legislativo que derivó en el informe final de la comisión especial.

Señalamientos técnicos y debate en el hemiciclo

Durante la sesión, el debate se intensificó con la lectura de testimonios, actas y documentación interna. El expediente también incorporó observaciones de misiones internacionales sobre el proceso electoral.

Los diputados discutieron el impacto institucional de las decisiones adoptadas por los funcionarios.

El Congreso sostuvo que el proceso se realizó bajo la Ley Especial de Juicio Político, con respeto al debido procedimiento legislativo.

Destitución confirmada y cierre del proceso

Con la votación concluida, el Congreso confirmó la destitución permanente de los funcionarios señalados, al considerar que sus actuaciones afectaron el funcionamiento de los órganos electorales y el desarrollo del proceso de 2025.

El Legislativo también aprobó el decreto que da por cerrado el proceso y establece su entrada en vigencia tras su publicación oficial.

Con esto, el Congreso dio por concluida la etapa final del primer juicio político completado en su totalidad en Honduras, según el registro legislativo.

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