Un tribunal federal de apelaciones dio luz verde a la administración del presidente Donald Trump para retomar las deportaciones aceleradas en todo el territorio estadounidense, una medida que amplía significativamente las facultades migratorias del gobierno y fortalece su estrategia de control migratorio.

La decisión representa un revés para organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, que habían logrado frenar temporalmente la aplicación de esta política mediante una resolución judicial emitida en 2025.

Corte falla a favor del Gobierno

El fallo fue aprobado por dos votos contra uno por un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia.

La mayoría concluyó que la legislación vigente otorga al Poder Ejecutivo la autoridad para determinar qué personas pueden ser sometidas al procedimiento de deportación acelerada, incluso fuera de las zonas fronterizas.

Con esta resolución, la administración Trump recupera una de las herramientas más importantes de su política migratoria, orientada a agilizar la expulsión de personas que se encuentren en situación migratoria irregular.

Lea también: Cerro se desploma en Loarque y causa incendio en complejo de bodegas del Anillo Periférico

¿Qué son las deportaciones aceleradas?

La deportación acelerada permite a las autoridades expulsar a ciertos migrantes sin necesidad de que comparezcan ante un juez de inmigración.

Bajo esta modalidad, las personas detenidas deben demostrar de forma inmediata que han permanecido de manera continua en Estados Unidos durante al menos dos años. De no hacerlo, pueden ser expulsadas del país mediante un proceso administrativo más rápido.

La medida anteriormente se utilizaba principalmente en áreas cercanas a la frontera, pero ahora podrá aplicarse en cualquier estado del país.

Lea también: ¿Cuánto descuentan por IHSS y RAP del salario mínimo en Honduras en 2026? Así quedan las deducciones

Preocupación entre organizaciones migrantes

La decisión ha generado preocupación entre grupos de derechos civiles y organizaciones de apoyo a migrantes, que consideran que el procedimiento aumenta el riesgo de errores y limita las garantías del debido proceso.

Uno de los magistrados que votó en contra advirtió que la normativa podría afectar a personas con años de residencia en Estados Unidos si no logran presentar documentación suficiente en el momento de una detención.

Además, organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) sostienen que la ampliación de esta política podría derivar en deportaciones injustas y afectar a familias migrantes establecidas en el país.

Gobierno celebra decisión

Tras conocerse el fallo, representantes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) celebraron la resolución judicial y aseguraron que permitirá aplicar la legislación migratoria de manera más efectiva.

Funcionarios de la administración Trump sostienen que la medida ayudará a acelerar procesos de expulsión y reforzar el cumplimiento de las leyes migratorias vigentes en Estados Unidos.

La decisión podría impactar a miles de migrantes que actualmente residen en territorio estadounidense sin un estatus migratorio regular, mientras continúan los debates legales y políticos sobre el alcance de las políticas migratorias impulsadas por la Casa Blanca.

Lea también: Analistas piden garantías para proteger la ENEE en nuevas reformas energéticas