La Corte Suprema de Justicia (CSJ) se encuentra en el centro de una controversia política y jurídica que podría marcar el rumbo del proceso electoral. Diversos sectores han advertido que este poder del Estado enfrenta una “verdadera prueba de fuego”, al tener en sus manos decisiones clave sobre solicitudes de antejuicio contra magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y otros recursos interpuestos.

La preocupación gira en torno a la independencia judicial, en un contexto donde se teme que las instituciones del Estado puedan ser instrumentalizadas con fines políticos.

“Si no se respeta la autonomía judicial, vamos a caer en un Estado que no es de derecho. Lo que necesitamos los hondureños es paz”, expresó el exmagistrado del CSJ, Ivis Discua.

Correlación política en el Poder Judicial

Algunos expertos reconocen que el Poder Judicial también responde a una correlación de fuerzas políticas, distinta a la de otros entes como el Consejo Nacional Electoral (CNE) o el mismo TJE.

Esta composición podría influir en el curso de los procedimientos, aunque se espera que los magistrados actúen conforme a la ley.

“Los magistrados de la Corte Suprema deben apegarse al derecho. Espero que la resolución esté alineada con la Constitución”, señaló Alex Navas, exfiscal de la desparecida Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).

Consejera Cossette López y diputado Tomás Zambrano podrían enfrentar la justicia por supuesto complot electoral

Exhortos a respetar la Carta Magna

Distintas voces han pedido que la Corte declare improcedentes las solicitudes que vulneren la integridad de los órganos electorales.

“Por encima de cualquier interés político está la Constitución de la República”, explicó el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos, en referencia al artículo que protege a los magistrados de ser requeridos o procesados judicialmente sin el debido procedimiento.

La controversia se intensificó tras conocerse que una sala ad hoc, conformada por magistrados seleccionados por la presidenta de la Corte Suprema, será la encargada de decidir si se sigue el procedimiento judicial contra los altos funcionarios del TJE. Esta decisión ha generado fuertes críticas por parte de sectores políticos y sociales que consideran que se pone en riesgo la autonomía electoral.

Sectores sociales exigen que la CSJ actúe con apego a la ley en caso contra magistrados del TJE promovido por el MP