La consejera del CNE, Cossette López, y el diputado nacionalista Tomás Zambrano podrían ser llamados a declarar ante la justicia hondureña en los próximos días, tras una denuncia presentada por el consejero Marlon Ochoa.

El funcionario entregó al Ministerio Público audios que revelarían un presunto complot electoral que se habría planificado de cara a las elecciones generales.

Desde el oficialismo, aseguran que los días de ambos “están contados” y que las grabaciones difundidas por el Ministerio Público serían auténticas. Según fuentes de Libertad y Refundación (Libre), los implicados podrían enfrentar procesos judiciales similares a los seguidos contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona.

Reacciones del Partido Nacional y la oposición

El Partido Nacional sostiene que se trata de hechos distintos y acusa al gobierno de usar el caso para amedrentar a la oposición. Dirigentes de la bancada nacionalista aseguran que el objetivo del oficialismo es debilitar a sus líderes políticos y asegurar la permanencia de Libre en el poder “a cualquier costo”.

Por su parte, organizaciones de la sociedad civil piden que las investigaciones se realicen con transparencia, sin sesgos políticos ni manipulaciones. Insisten en que si se cometieron delitos electorales, los responsables deben rendir cuentas ante la ley, sin importar el momento electoral que atraviesa el país.

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Defensa de Cossette López en alerta

La defensa legal de López afirmó estar en “alerta” y adelantó que presentará todos los recursos legales necesarios para demostrar que las acusaciones del Ministerio Público carecen de sustento jurídico. El equipo de abogados también cuestiona la cadena de custodia y la autenticidad de los audios, señalando que realizarán peritajes para determinar su origen.

El caso promete tensar aún más el ambiente político hondureño a pocas semanas del proceso electoral, en medio de un clima de acusaciones cruzadas y desconfianza institucional.