El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), por medio de su asesor legal principal Gustavo Solórzano, pidió que el proceso contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) se maneje con transparencia, respeto a la ley y sin presiones políticas.

“Debe garantizarse el debido proceso y la independencia judicial, sin permitir influencias externas que afecten la credibilidad del sistema”, afirmó Solórzano. El asesor legal enfatizó que el empresariado confía en que las instituciones actuarán conforme a la Constitución y la ley, garantizando imparcialidad en el caso.

“No hay que temer”: Asfura pide unidad y defensa del voto el 30 de noviembre

Reacción del Gobierno y la comunidad jurídica

El canciller Enrique Reina también se pronunció sobre el tema, asegurando que el Estado respeta la autonomía del Poder Judicial. “El Gobierno no interfiere en los procesos judiciales. Creemos firmemente en la independencia de poderes y en que las decisiones deben tomarse dentro del marco legal”, señaló el funcionario.

Por su parte, la experta en derecho constitucional opinó que la designación de una Corte de Apelaciones ad hoc para conocer el antejuicio contra los magistrados Mario Flores y Miriam Barahona “no viola la ley siempre que se respete la figura del antejuicio y los procedimientos establecidos en la Constitución”.

Llamado a la institucionalidad y transparencia

Tanto el Cohep como las autoridades judiciales insisten en que se debe evitar cualquier narrativa que debilite la institucionalidad o genere desconfianza en la justicia. “La independencia judicial es esencial para la estabilidad del país y para la confianza de los inversionistas”, subrayó Solórzano.

Desde la Asociación de Jueces y Magistrados, se pidió respetar la normativa y permitir que el proceso avance con objetividad. “Si no se comprueba delito, los magistrados deben continuar en sus funciones; de lo contrario, serán reemplazados según lo dicta la ley”, explicó un representante del gremio.

El caso sigue en curso, mientras distintos sectores reiteran su compromiso con el Estado de derecho y la transparencia institucional.