La decisión de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de reducir de 28 a 15 días el plazo para pagar el recibo de energía eléctrica ha generado preocupación entre distintos sectores del país, que consideran la medida un fuerte golpe para la economía de miles de familias hondureñas.

Representantes de las centrales obreras advirtieron que la disposición afectará principalmente a los hogares de bajos ingresos, donde muchas personas dependen de salarios mínimos o ingresos informales para cubrir sus gastos básicos.

“Perjudica a quienes menos tienen”

Sectores obreros señalaron que la medida no impacta a quienes tienen estabilidad económica, sino a las familias que enfrentan dificultades para cumplir con pagos mensuales.

“Se le recorta el tiempo a personas que apenas logran reunir dinero para pagar un servicio esencial”, cuestionaron representantes sindicales.

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Generadores reconocen crisis financiera de la ENEE

Por su parte, representantes del sector energético reconocieron que la estatal atraviesa una complicada situación financiera y consideran que la medida busca acelerar la recuperación de ingresos para cubrir compromisos operativos.

Sin embargo, admitieron que la decisión podría generar rechazo entre la población debido a la presión económica que ya enfrentan los hogares hondureños.

Gobierno defiende medida por sostenibilidad financiera

Desde el gobierno se argumentó que la reducción del plazo responde a la necesidad de mantener sostenibles los subsidios energéticos y estabilizar las finanzas públicas.

Autoridades de la Secretaría de Finanzas explicaron que los recursos destinados al subsidio de energía y combustibles ya superaron las proyecciones presupuestarias previstas para este año.

Según datos oficiales, el subsidio energético ya sobrepasó los 680 millones de lempiras, obligando al Ejecutivo a realizar ajustes y evaluaciones constantes para evitar un mayor impacto fiscal.

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¿Es legal la medida de la ENEE de reducir a 15 días el plazo para pagar el recibo de luz?

Samuel Rodríguez, experto en energía, cuestionó la decisión de reducir de 28 a 15 días el plazo para pagar el recibo de energía eléctrica, señalando que la medida rompe el ciclo normal de ingresos de las familias hondureñas y podría aumentar la mora en el servicio.

Además, advirtió que el principal problema financiero de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica no es el abonado que paga tarde, sino las pérdidas y el robo de energía, por lo que pidieó enfocarse en combatir ese problema antes de trasladar más presión económica a la población.

El representante también cuestionó la legalidad de la medida, argumentando que cualquier modificación en los plazos de pago debe respetar las normativas técnicas y regulatorias vigentes para garantizar seguridad jurídica tanto a los usuarios como a los inversionistas y generadores de energía. Además, señaló que corresponde a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica pronunciarse oficialmente sobre este tipo de decisiones.

Congreso buscará revertir decisión

La medida también provocó reacciones dentro del Congreso Nacional de Honduras. Diputados de la Comisión de Energía anunciaron que solicitarán a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica reconsiderar la reducción del plazo de pago.

El diputado liberal Ernesto Lezama sostuvo que este no es el momento adecuado para implementar medidas que aumenten la presión económica sobre la población y aseguró que impulsarán acciones para mantener el plazo de 28 días.

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Ciudadanos piden dar marcha atrás

Mientras tanto, usuarios del servicio eléctrico expresaron inconformidad con la decisión y pidieron al gobierno reconsiderar la medida.

Algunos ciudadanos señalaron que si muchas familias ya enfrentaban dificultades para pagar en 28 días, ahora la situación será aún más complicada con solo 15 días de margen.

Reforma anterior ampliaba el plazo

Cabe recordar que el año pasado la Comisión Reguladora de Energía había aprobado reformas que ampliaban el plazo de pago hasta 28 días, buscando dar mayor alivio económico a los abonados.

Ahora, el cambio vuelve a abrir el debate sobre el equilibrio entre sostenibilidad financiera de la ENEE y la capacidad de pago de las familias hondureñas.