Mediante un operativo conjunto ejecutado en la aldea Guaimita, colonia La 28, municipio de El Progreso, Yoro, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó a una pareja señalada de haber comprado a una menor de edad por la suma de 10 mil lempiras, presuntamente con fines de explotación sexual y trabajo forzado.

Según las pesquisas realizadas por los investigadores de la DPI, la madre biológica y el padrastro vendieron a la menor y entregaron a la niña a los ahora detenidos, quienes residían en la misma zona de El Progreso.

La denuncia anónima presentada en 2024 dio inicio a la investigación, la cual reveló que obligaban a la menor a laborar en una cantina local, donde debía atender y bailar para los clientes. Además, cuando la niña rechazaba las insinuaciones sexuales de los clientes, la mujer sospechosa la castigaba con maltratos físicos y psicológicos, incluyendo el corte de cabello como forma de castigo.

El 21 de mayo de 2025, el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción emitió una orden judicial, y las autoridades, con apoyo de la DPI, arrestaron a los detenidos: un hombre de 62 años, comerciante originario de Langue, Valle, y su pareja de 19 años, ambos residentes en la colonia La 28 de El Progreso.

Durante el allanamiento, la DPI incautó cuatro teléfonos celulares, un dispositivo USB, una computadora portátil marca Acer, 13,780 lempiras en efectivo y un vehículo tipo pick-up marca Toyota color gris, los cuales forman parte de las evidencias del caso.

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La DPI intensifica su lucha para proteger a los menores y desarticular redes criminales, en un contexto donde el 89% de las víctimas rescatadas en 2025 son niños y niñas.

Cabe destacar que, según datos oficiales de 2025, en Honduras se han rescatado 27 víctimas de trata de personas, de las cuales el 89 % son menores de edad, principalmente niñas y niños sometidos a explotación sexual y laboral.

Además, en lo que va del año, se han presentado más de 21 requerimientos fiscales contra redes criminales dedicadas a este ilícito, lo que evidencia la gravedad y persistencia del problema en el país. Por lo tanto, las autoridades mantienen una lucha constante para desmantelar estas redes y proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Las autoridades pondrán a los detenidos a disposición del juzgado correspondiente para que continúe el proceso legal conforme a la ley.

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