Un grupo de legisladores demócratas, entre ellos líderes del Caucus Hispano del Congreso, presentó una demanda federal contra la Administración de Donald Trump por negarles el acceso a centros de detención de migrantes.

Los congresistas alegan que esta restricción impide ejercer su derecho constitucional de supervisar las condiciones en que se encuentran los migrantes detenidos.

“La interrupción de la vigilancia del Congreso no solo representa un insulto a la Constitución, sino un peligro para nuestra democracia”, afirmó el congresista Adriano Espaillat, presidente del Caucus Hispano.

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 Legisladores denuncian obstrucción a su derecho de fiscalización

Según la legislación estadounidense, los miembros del Congreso tienen derecho a visitar instalaciones federales sin previo aviso, incluyendo los centros de detención para migrantes.

Sin embargo, los demandantes aseguran que el Ejecutivo ha obstaculizado sistemáticamente el acceso, violando sus atribuciones de fiscalización.

“Este desdén evidente por la ley y el orden constitucional de la Administración de Trump requiere una respuesta seria y determinante”, señaló el congresista Joe Neguse, otro de los impulsores de la demanda.

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 Condiciones inhumanas en centros de detención para migrantes

Organizaciones civiles, activistas y políticos han denunciado las condiciones inhumanas en las que viven miles de migrantes detenidos en Estados Unidos. Entre las principales preocupaciones se encuentran el hacinamiento, la escasez de recursos básicos, y la falta de atención médica.

Uno de los centros más polémicos es Alligator Alcatraz, inaugurado el 1 de julio en Florida con capacidad para 3,000 migrantes.

Legisladores que visitaron el lugar lo describieron como “jaulas” y alertaron sobre baños insalubres y la ausencia de sistemas de ventilación o regulación de temperatura, en medio de una ola de calor y humedad extrema.

 FEMA destina fondos para ampliar centros de reclusión

El caso judicial, radicado en el Distrito de Columbia, coincide con el anuncio de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA), que ha iniciado un proceso para otorgar $608 millones de dólares en asistencia a gobiernos estatales y locales.

El objetivo es construir nuevos centros de detención para migrantes o ampliar la capacidad de los existentes.

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