Las autoridades migratorias detuvieron a un hombre argentino que, tras vivir más de una década en Florida, intentó salir voluntariamente de Estados Unidos por tierra antes de cruzar la frontera.

Desde entonces, permanece recluido en un centro de detención conocido por sus condiciones críticas, mientras su esposa y su hija enfrentan la incertidumbre del proceso legal, según relató su familia.

Fernando Artese, de 63 años, decidió iniciar un viaje en motorhome rumbo al sur del continente con la intención de abandonar Estados Unidos por decisión propia.

La policía local detuvo al hombre en Jupiter Beach, Florida, al descubrir que su licencia de conducir estaba vencida. Tras verificar su estatus migratorio, confirmaron que vivía ilegalmente en el país.

El argentino había ingresado en 2015 con una visa ESTA, que permite estancias de hasta 90 días para ciudadanos de ciertos países, pero nunca regularizó su situación. El 3 de julio, las autoridades lo trasladaron a un centro de detención de inmigrantes en los Everglades, conocido informalmente como “Alligator Alcatraz”.

“Fue duro tomar la decisión porque llevamos muchos años (en EE.UU.) y se habían logrado muchas cosas”, explicó su esposa, Mónica Riveira. “Pero veíamos que la proyección para la familia era mala y, cuando asumió (la Presidencia) Donald Trump, confirmamos que era el momento justo para hacerlo” (Riveira, entrevista CNN).

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¿En qué condiciones está detenido y cómo afecta esto a la familia?

Human Rights Watch denunció el centro donde permanece Artese por sus condiciones inhumanas. Según la organización, los detenidos sufren “negación de atención médica, hacinamiento y tratos degradantes”.

Mónica relató en un medio de comunicación internacional CNN que el lugar es “una jaula, tal cual lo han descrito inclusive senadores que lo han visitado y lo han visto; son jaulas donde encierran a 32 personas sin posibilidad de salir a la luz del sol en ningún momento del día”.

Fernando, quien se comunica diariamente con su esposa, aseguró en una entrevista a CNN que la comida diaria consiste en “una manzana, una barra de cereal, una bolsita de papas fritas y un sándwich con una sola rebanada de mortadela y otra de queso”.

Añadió que “no hay acceso libre al comedor ni posibilidad de elegir cuándo comer” y que “hay días en los que no se puede dormir del hambre”.

Las duchas también son un problema. “A veces los despiertan a las dos de la mañana para bañarse, con agua que puede estar hirviendo y, al volver, el aire acondicionado está al máximo”, relató su esposa.

Según ella, Fernando ya presenta dolor de garganta y comparte espacio con personas con COVID-19 sin ningún tipo de aislamiento.

Además, los detenidos deben caminar “con las manos en la nuca, como si fueran criminales peligrosos”.

Para Mónica, el trato es humillante e injusto: “En el caso de Fernando, montó una empresa, prosperó y aportó al país. Sin embargo, hoy está encerrado como si fuera lo peor de lo peor”.

¿Qué pasos sigue la familia?

Tras casi dos semanas detenido, Fernando habló finalmente con agentes de ICE, quienes le informaron que podría ser trasladado a otro centro donde tendría derecho a recibir visitas.

Expresó también su deseo de abandonar el país voluntariamente, proponiendo pagar su pasaje a Italia o México y planificar la salida junto a su esposa.

“No se puede negar el acceso a un abogado, ni el derecho a saber de qué te acusan o cómo será tu proceso; no se puede poner a todos en la misma bolsa. Muchos de los que están ahí son personas trabajadoras, que han aportado, que sostienen buena parte de la fuerza laboral de este país. Lo que falta es un camino legal y digno porque lo que más duele es la deshumanización”.

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