La alcaldía de Yuscarán comenzó a ser objeto de una investigación por parte del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), luego de la difusión de un video que generó una fuerte polémica en redes sociales y despertó cuestionamientos sobre el presunto uso indebido de las instalaciones municipales durante una celebración.

La comisión del TSC llegó este martes (21/07/26) a la comuna en El Paraíso para dar inicio a las diligencias relacionadas con el caso. Los auditores sostuvieron una reunión con la vicealcaldesa, integrantes del Comité de Probidad y Ética y otras autoridades municipales, a quienes notificaron formalmente sobre el proceso que desarrollarán durante los próximos días.

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El portavoz del Tribunal Superior de Cuentas, Rodolfo Isaula, explicó que la intervención corresponde inicialmente a una auditoría de ética enfocada en esclarecer los hechos que rodean el video viral, en el que se observa una reunión dentro de la alcaldía y se escuchan comentarios relacionados con un supuesto reparto de fondos públicos.

Según Isaula, el propósito de esta primera fase es evaluar el funcionamiento del sistema de gestión ética de la municipalidad y determinar si existió alguna conducta que contravenga los principios establecidos en el Código de Conducta Ética del Servidor Público.

«Todo lo relacionado con la denuncia será investigado para establecer si los hechos ocurrieron tal como se han interpretado. Al finalizar las diligencias se elaborará un informe con las conclusiones y, de ser necesario, las recomendaciones o acciones que correspondan», señaló el funcionario.

Añadió que, si durante la investigación surgen elementos que ameriten otro tipo de revisión, el TSC valorará ampliar el alcance de las diligencias mediante otras unidades especializadas.

Una «broma de mal gusto»

Por su parte, el contador municipal defendió la actuación de la administración y aseguró que el video fue sacado de contexto. Explicó que la reunión ocurrió un domingo, mientras finalizaban las actividades del Festival del Mango, evento organizado por la municipalidad. Según relató, un grupo de amigos llegó a visitar al alcalde y, durante la convivencia, realizaron una broma que posteriormente fue grabada y difundida en redes sociales.

Flores insistió en que, además del alcalde, ninguno de los presentes era empleado municipal ni integrante de la corporación, por lo que calificó lo ocurrido como una «broma de muy mal gusto» que terminó generando un impacto nacional.

Asimismo, afirmó que el alcalde, quien actualmente se encuentra fuera del país por motivos médicos y regresaría el próximo 27 de julio, ha instruido a los funcionarios municipales a colaborar plenamente con las autoridades fiscalizadoras.

Presupuesto y documentación: abiertos a revisión

El contador también detalló que la municipalidad administra este año un presupuesto cercano a los 32 millones de lempiras, de los cuales aproximadamente 26 millones provienen de transferencias gubernamentales y otros seis millones corresponden a ingresos propios obtenidos mediante el pago de impuestos municipales.

Aseguró que toda la documentación financiera, incluyendo libros contables, órdenes de pago y registros presupuestarios, está disponible para cualquier organismo de control que desee revisarla.

Incluso manifestó que la corporación municipal ya recibió una explicación sobre el contenido del video y que los regidores conocieron la documentación correspondiente a la ejecución de los recursos.

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¿Qué puede ocurrir tras la auditoría por video en alcaldía de Yuscarán?

Isaula aclaró que esta investigación no constituye una auditoría financiera sobre las administraciones anteriores ni sobre la ejecución completa del presupuesto municipal, sino una revisión específica relacionada con el comportamiento ético derivado del video difundido.

No obstante, precisó que si durante el proceso se detectan posibles irregularidades adicionales, el TSC tiene la facultad de ampliar las investigaciones.

El portavoz también explicó que las eventuales responsabilidades no necesariamente derivarían en un proceso penal, ya que las conclusiones podrían limitarse a faltas administrativas contempladas en el Código de Ética, cuyas sanciones van desde amonestaciones hasta medidas disciplinarias de mayor gravedad, dependiendo de la evaluación final.

Mientras tanto, la comisión continuará entrevistando a funcionarios, empleados y miembros del Comité de Probidad y Ética para establecer qué ocurrió realmente durante la reunión que hoy mantiene bajo la lupa a la administración municipal de Yuscarán.