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EE. UU. revoca más de 50 visas a políticos mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico

15 de octubre de 2025Internacional, ON, Titulares

El gobierno de Estados Unidos tomó una decisión contundente al revocar las visas de más de 50 políticos mexicanos, entre ellos figuras de Morena, gobernadores estatales y allegados al expresidente Andrés Manuel López Obrador, por supuestos vínculos con el narcotráfico y actos de corrupción.

Esta acción forma parte de la nueva estrategia estadounidense para combatir la corrupción transnacional y reforzar el control sobre individuos que pudieran representar riesgos a la seguridad del país. Ante ello, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno no ha recibido información oficial sobre los casos específicos y que las notificaciones se realizan directamente a los afectados por parte del Departamento de Estado.

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Políticos y casos más destacados

Entre los nombres más mencionados está Juan Francisco Gim, alcalde de Nogales, Sonora, quien confirmó haber perdido su visa en agosto pese a no tener procesos judiciales abiertos. También se señala a Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, cuya visa y la de su esposo fueron canceladas en mayo, sin que existan acusaciones formales en su contra.

Asimismo, el magistrado electo Hernán José Vega Burgos habría sido sancionado tras presuntos vínculos con una red de explotación sexual ligada al Instituto Nacional de Migración. De igual manera, una consejera estatal de Morena en Jalisco perdió su visa luego de que sus publicaciones en redes sociales fueran calificadas como inapropiadas por las autoridades norteamericanas.

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Repercusiones y posibles causas legales

El Departamento de Estado recordó que las visas pueden ser revocadas en cualquier momento, especialmente si el titular incurre en corrupción, narcotráfico o actividades contrarias a los intereses de EE. UU.. Fuentes diplomáticas aseguran que la medida impacta a miembros de diferentes partidos, aunque Morena concentra la mayoría de los casos recientes.

La decisión ha generado tensión diplomática entre ambos países y encendió el debate sobre la transparencia de los funcionarios mexicanos. Analistas advierten que esta medida podría tener efectos políticos significativos, afectando la credibilidad de varios gobiernos estatales y el discurso anticorrupción promovido desde la actual administración.

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