La violencia en Honduras ha alcanzado niveles preocupantes durante los primeros cuatro meses del 2025, dejando una estela de dolor en decenas de comunidades.

En este periodo, los crímenes han afectado con especial crudeza a mujeres y menores de edad, dos de los grupos más vulnerables de la población.

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Uno de los casos más recientes que ha estremecido a la ciudadanía ocurrió en el departamento de Ocotepeque, donde fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer, parcialmente enterrado.

La situación también afecta con fuerza a los niños y niñas, cuyas vidas se ven amenazadas en un ambiente de creciente inseguridad. Organizaciones de derechos humanos han levantado la voz, advirtiendo sobre el peligro latente para estos sectores desprotegidos y pidiendo una respuesta inmediata del Estado.

Marcial Martínez, analista en temas de seguridad, expresó su preocupación sobre la limitada capacidad de respuesta de las autoridades. “A pesar de que sí hay varios desplazamientos de los policías, pero no es suficiente para contrarrestar la ola de criminalidad”, afirmó.

Por su parte, la Policía Nacional ha manifestado que realiza esfuerzos constantes para controlar la situación, pero recalca que el problema va más allá de su alcance. Miguel Martínez Madrid, portavoz de la institución, señaló que la violencia tiene raíces profundas en el comportamiento social, influenciado por factores como el consumo de alcohol, la posesión de armas y la cultura de resolución violenta de conflictos.

“La violencia no puede ser controlada por parte de la Policía Nacional, porque la violencia es el comportamiento de acuerdo a la educación, cultura y desenvolvimiento que tiene el hondureño o el extranjero en el territorio nacional”, indicó el portavoz Martínez Madrid.

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(Foto: cortesía)

Ante este panorama, Carlos Sierra, representante de Ciprodeh, instó a revisar de manera urgente la actual estrategia de seguridad. Aseguró que los meses de junio y julio podrían registrar un repunte en los hechos violentos debido al mayor flujo de dinero por el pago de salarios adicionales y, este año en particular, por el contexto electoral.

“Es crucial que se hagan ajustes en las políticas de seguridad, porque de lo contrario veremos cifras aún más alarmantes”, concluyó Sierra.