Un testigo del juicio político contra el consejero presidente del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa, denunció ante el Congreso Nacional la presunta sustracción de una memoria USB que contenía información sensible del proceso electoral.

Se trata de Marcos Pereira, técnico responsable del proyecto de documentación y credenciales del CNE, quien compareció ante la comisión especial y expuso un video como evidencia del hecho.

Video muestra retiro de dispositivo sin autorización

Durante su declaración, Pereira explicó que en el material audiovisual se observa a una empleada vinculada al partido Libertad y Refundación (Libre) tomando una memoria USB desde el área de trabajo sin autorización.

Según su relato, la joven sustrae el dispositivo mientras él realizaba una llamada, para luego entregarlo a otra persona identificada como Sofía Banegas, quien habría salido de las instalaciones con el dispositivo sin cumplir los protocolos establecidos.

El testigo aseguró que la memoria contenía documentos confidenciales que solo pueden ser manejados por personal autorizado del CNE.

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Documento contenía actas con medidas de seguridad

Pereira detalló que el dispositivo almacenaba material relacionado con actas electorales, diseñadas con elementos de seguridad como papel especial, hologramas y códigos que permiten validar su autenticidad.

“El manejo de estos documentos es exclusivo del CNE y no deben salir sin control”, afirmó, al señalar la gravedad del incidente dentro del proceso electoral.

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Testigo afirma que recuperó la memoria USB

El técnico indicó que, tras percatarse de lo ocurrido, siguió a la persona involucrada y logró recuperar la memoria USB, que presuntamente iba a ser entregada a otros funcionarios.

También señaló que el hecho fue notificado a superiores, pero no se reportaron sanciones internas tras el incidente.

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Señalan posible irregularidad en proceso electoral

Durante la audiencia, el testigo también advirtió sobre solicitudes de impresión de material electoral en cantidades que calificó como “exorbitantes”, lo que generó dudas dentro del proceso previo a las elecciones generales de 2025.

Desde el Congreso Nacional, miembros de la comisión especial indicaron que el caso podría constituir una irregularidad que debe ser investigada a profundidad en el marco del juicio político.

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