El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) envió al Congreso Nacional (CN) y el Ministerio Público (MP) un informe detallado sobre lo ocurrido en la sesión del pleno jurisdiccional del área política celebrada el pasado 9 de octubre, en la que se registraron hechos que han generado controversia, especialmente en torno a la actuación del magistrado Mario Morazán.

El documento, expone los fundamentos jurídicos y las disposiciones legales que sustentan las decisiones adoptadas por el tribunal.

Entre los puntos más relevantes, se destaca el momento en que el abogado Mario Morazán se retiró de la sesión, lo que provocó un quiebre en la dinámica del pleno. El informe establece que la resolución fue adoptada por mayoría, lo que le otorga validez jurídica.

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Suspensión de impresión de papeletas

Uno de los hechos más significativos contenidos en el informe es la suspensión de la impresión de papeletas electorales para el nivel electivo de diputados al Congreso Nacional por los departamentos de Olancho y Valle.

Esta medida fue ordenada al Consejo Nacional Electoral (CNE) hasta que el TJE resuelva de forma definitiva los recursos de apelación interpuestos.

Además, se instruyó al CNE abstenerse de realizar cualquier modificación o sustitución en la fórmula de candidatos a diputados por dichos departamentos, en tanto no se emita una resolución definitiva.

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 Firma controvertida y justificación insólita

El documento lleva la firma del presidente del TJE, Mario Flores Urrutia, y de la magistrada propietaria Miriam Maradona Rodríguez.

Sin embargo, la firma del magistrado Mario Morazán ha generado dudas. Según se relata, Morazán habría justificado su firma alegando que fue realizada durante la hora de comida, y no como parte activa de la sesión.

Lo anterior, ha llevado a una crisis y debate entre expertos y la clase política, que conllevó a la solicitud del Ministerio Público (MP) de documentación al órgano de justicia electoral.

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— Tribunal de Justicia Electoral (@TjeHonduras) October 10, 2025

 ¿Hecho juzgado?

El informe sugiere que el TJE considera el asunto como un hecho ya juzgado, aunque algunos sectores señalan que aún podría requerir pronunciamiento de un tribunal de alzada.

La situación ha dejado en evidencia tensiones internas y la necesidad de esclarecer los extremos de la participación de los magistrados en decisiones clave para el proceso electoral que se realizarán el próximo 30 de noviembre.

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