El panorama electoral hondureño se torna cada vez más tenso conforme se acercan los comicios generales. Esta vez, el foco de la controversia recae sobre el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), que ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) abstenerse de continuar con la impresión de papeletas y la modificación de la fórmula de diputados en el departamento de Olancho.

La decisión ha provocado una fractura interna dentro del propio tribunal y ha despertado críticas desde distintos sectores.

“Uno de los magistrados se convierte en un filidostero de la justicia, y eso no debe ser así. Él es una persona que está obligada a pronunciarse a través del razonamiento de sus votos en caso de no estar de acuerdo”, expresó un analista, quien también destacó que las resoluciones deben tomarse por unanimidad o mayoría, como se presume ocurrió en este caso.

Llamado a la institucionalidad

Otro analista sostuvo que la medida busca evitar una doble inversión en la impresión de papeletas y posibles cambios posteriores en las planillas.

“La intención es continuar con el proceso sin generar gastos innecesarios y que las decisiones se tomen conforme a la ley electoral, evitando que el caso se convierta en un nuevo factor de polarización política”, afirmó Kenneth Madrid.

Además, los expertos hacen un llamado a la institucionalidad electoral: “Lo que sí hay que generar es la sensación de confianza y credibilidad del proceso desde la institucionalidad. Si se está promoviendo la desconfianza, puede impactar claramente las decisiones de voto de los ciudadanos y su participación. Por eso es importante que la autoridad electoral, a todos sus niveles, maneje las cosas de manera orgánica y sobre todo en el respeto a los principios por los cuales están constituidas las leyes de cada institución”.

Otras opiniones

No obstante, otros sectores advierten que lo ocurrido evidencia una actuación precipitada del bipartidismo dentro del tribunal, sin contar con toda la información técnica que debía emitir el CNE. “Se han generado vacíos legales. Se ha abierto también la puerta a que el Ministerio Público pueda intervenir, lo cual abre también un proceso mucho más complejo”, señalaron.

También se cuestiona la legitimidad de la candidatura en disputa. “Hay que recordar que él tampoco reside en Olancho y tampoco nació en Olancho, de manera que es una candidatura que se percibe muy forzada”, concluyó otro especialista en el tema.

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