La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras ha admitido un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley de Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, normativa que forma parte de la Ley de Lavado de Activos.

Según explicó Carlos Silva, portavoz de la Corte Suprema, este recurso fue presentado ante la Secretaría de la Sala de lo Constitucional y posteriormente remitido a la Fiscalía de la Constitución para que emitiera un dictamen.

Sin embargo, la Fiscalía se abstuvo de pronunciarse debido a una vinculación con un asunto promovido por el mismo Ministerio Público.

 

 

 

¿Qué proceso seguirá ahora el recurso?

Tras este paso, el recurso fue trasladado al área de relatoría, lo que significa que se encuentra en la etapa previa a ser discutido en pleno por los magistrados de la Sala de lo Constitucional.

Una vez concluida esta fase, el expediente podrá ser sometido a debate y fallo, lo que marcará un momento clave en la evaluación de la constitucionalidad de esta normativa.

 

Juzgado de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito
Celebró Audiencia de Lectura de Fallo y privó definitivamente dos bienes inmuebles, veintidós productos financieros y ochenta y cinco vehículos, del titular de derecho Jorge Alberto Barralaga y otros; las partes… pic.twitter.com/ZlnFWsi0mq

— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) January 28, 2026

 

¿Por qué se interpuso un recurso?

El recurso cuestiona disposiciones específicas de la Ley de Privación de Dominio, que regula la incautación y administración de bienes de origen ilícito.

Estos bienes, una vez confiscados, son administrados por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). La discusión gira en torno a si las medidas contempladas en la ley vulneran principios constitucionales como el derecho a la propiedad, el debido proceso y la presunción de inocencia.

Este tipo de recursos no es nuevo en Honduras. En años anteriores, la Sala de lo Constitucional ha conocido casos similares en los que se debatió la constitucionalidad de artículos relacionados con la administración de bienes incautados.

 

Viceministra autorizada para vender bienes incautados a “Los Cachiros”

 

 

¿Qué tipo de implicaciones tendría la resolución?

 

La resolución de este recurso tendrá implicaciones importantes. Si se declara inconstitucional alguno de los artículos impugnados, podría modificarse el marco legal que regula la incautación de bienes ilícitos en el país, afectando directamente el trabajo de la OABI y del Ministerio Público.

En caso contrario, se reafirmará la constitucionalidad de la normativa vigente, consolidando las herramientas legales para combatir el crimen organizado.

 

 

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