En las últimas horas, el Ministerio Público ha presentado un requerimiento fiscal contra 38 personas presuntamente involucradas en un desfalco superior a los 96 millones de lempiras a través del Programa de Asignación Familiar (PRAF).

A los acusados se les señala por delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios, lo que ha generado diversas reacciones entre distintos sectores.

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Según la información disponible, los implicados habrían utilizado organismos de sociedad civil para cometer los delitos, lo que ha llevado a expertos a exigir que se investigue a fondo para identificar a los autores intelectuales. Se señala que, en su mayoría, los capturados serían responsables materiales de los hechos.

Por otro lado, algunos sectores han resaltado la labor del Ministerio Público, expresando confianza en que estos casos de corrupción no quedarán en la impunidad. Además, se espera que las autoridades continúen desmantelando redes delictivas que han infiltrado la administración pública.

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Las investigaciones continúan en curso, y se prevé que en los próximos días se brinden más detalles sobre el avance del caso.