En medio de dudas y opiniones divididas, miles de hondureños se enfrentan a una decisión de registrarse biométricamente para conservar su número telefónico.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) fijó como fecha límite el mes de junio para completar este proceso, que incluye la captura de una fotografía del rostro y otra del Documento Nacional de Identificación (DNI).

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El procedimiento fue impulsado bajo el argumento de combatir delitos como la extorsión, ha generado reacciones en el ámbito legal y social en el país.

Abogados especializados en derecho constitucional y penal han levantado la voz, asegurando que no existe base legal para obligar a los ciudadanos a someterse a este tipo de registro. “Ni la Constitución, ni el Código Penal establecen esta exigencia para los usuarios de telefonía”, declaró el abogado Leonel Núñez.

Las autoridades, por su parte, han defendido el proceso argumentando que busca frenar el uso de líneas telefónicas por parte de estructuras criminales. Según Conatel, el registro biométrico pretende reducir la circulación de chips anónimos utilizados en delitos como la extorsión, el cual sigue afectando a miles de ciudadanos, principalmente en zonas urbanas y sectores del transporte.

Organizaciones criminales utilizan teléfonos móviles para intimidar, exigir pagos y coordinar sus operaciones ilícitas sin ser rastreados. Ante esta realidad, las autoridades aseguran que el control del titular de cada número podría ser una herramienta clave para rastrear a los responsables.

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Ahora bien, ¿qué ocurre si no se realiza el registro biométrico? Pues, no existen sanciones legales ni penales. Sin embargo, la consecuencia es que la línea telefónica podría ser desactivada, y el usuario quedaría incomunicado, salvo por redes Wi-Fi.