Los imparables altercados ejecutados por los socios de Koriun Inversiones en el municipio de Choloma, Cortés, se han convertido en un tema de profunda preocupación en la región del Valle de Sula.

Ante la falta de regulación policial, estos municipios han quedado sin la seguridad necesaria, evidenciando una alarmante ola de muertes violentas y asaltos.

La constante toma de carreteras por los inversionistas de Koriún ha dificultado aún más el control del orden público. En respuesta, la Policía Nacional ha tenido que reforzar su presencia en la zona, movilizando a más de 600 oficiales en ocasiones, con el fin de contener la escalada de violencia.

Expertos en economía advierten que la problemática trasciende lo policial, argumentando que el desplazamiento indefinido de vehículos policiales a este sector representa un gasto adicional para el Estado, afectando no solo el presupuesto de seguridad, sino también otras áreas de atención prioritaria.

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La situación sigue siendo crítica, mientras la ciudadanía y diversos sectores hacen un llamado urgente a las autoridades para dar solución a este conflicto que pone en riesgo la paz, la seguridad y la estabilidad del Valle de Sula.

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Caso Koriun

La incautación de bienes a Koriún Inversiones se originó tras investigaciones del Ministerio Público (MP) y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que detectaron irregularidades en su esquema financiero.

En abril de 2025, ambas instituciones intervinieron la empresa, descubriendo más de 300 millones de lempiras en efectivo ocultos en oficinas y viviendas de sus ejecutivos.

La empresa operaba sin autorización y bajo un presunto esquema Ponzi, ofreciendo retornos del 5% semanal, equivalente a un 240% anual, atrayendo a más de 35,000 personas, principalmente en Choloma, Cortés.

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Durante la operación se incautaron vehículos, dinero en efectivo y otros bienes relacionados con los principales representantes de la firma.

Sin embargo, el MP devolvió posteriormente los fondos a los ejecutivos, bajo el compromiso de que serían utilizados para reembolsar a los inversionistas afectados, lo cual aún no se ha concretado según denuncias de los afectados.

El paradero del dinero sigue siendo incierto, lo que ha aumentado el malestar social.

Como consecuencia, inversionistas perjudicados han realizado múltiples protestas y bloqueos de carreteras, exigiendo transparencia y la devolución de sus ahorros.

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La situación ha agravado la seguridad y el orden público en el Valle de Sula, especialmente en Choloma.