Desde la oposición política han exigido al Ministerio Público (MP) investigar las recientes declaraciones del transportista Carlos Fonseca, quien aseguró que su socio en la empresa de logística y de transporte es Oscar Aguilera Hernández, quien tiene vinculación con el Partido Libre.

Esta posible relación ha levantado sospechas en el marco de las investigaciones por las irregularidades ocurridas durante las elecciones primarias del 9 de marzo.

Libre descarta participación de sus simpatizantes

Desde el partido Libertad y Refundación (Libre), se ha negado cualquier implicación de sus simpatizantes, tanto en la empresa de transporte cuestionada como en el equipo de trabajo del consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa.

Además, han respondido a la oposición que fue precisamente su partido quien primero solicitó una investigación completa sobre las anomalías detectadas en los comicios.

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Fonseca responsabiliza al CNE y descarta a transportistas

Por su parte, Carlos Fonseca, empresario del transporte, ha reiterado que los verdaderos responsables de lo sucedido el 9 de marzo son el Consejo Nacional Electoral, los custodios electorales y las Fuerzas Armadas, quienes estaban encargados de la seguridad y logística del material electoral.

El transportista también defendió a los más de 90 conductores que trabajaron en el traslado de las maletas, asegurando que cumplieron con su labor y que los retrasos se debieron a la falta de planificación.

Fonseca señaló que el material debió haberse movilizado con varios días de anticipación, como se ha hecho en procesos electorales anteriores, y no de forma apresurada y desorganizada el mismo día de la elección.

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Llamado a investigar a fondo

Tanto el oficialismo como la oposición coinciden en que el Ministerio Público debe realizar una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y deducir responsabilidades, sin importar si los implicados son empleados o funcionarios del CNE o de cualquier otra institución del Estado.

Ambos sectores insisten en que deben establecerse precedentes firmes para garantizar la transparencia en futuros procesos electorales.