Oliver Erazo, abogado de magistrados del TJE considera que están “frente a una situación dramática”
El Ministerio Público (MP) confirmó que prepara un requerimiento fiscal contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia y Mirian Suyapa Barahona, luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara inadmisible la solicitud de antejuicio por el delito de prevaricato judicial.
MP se declara listo para actuar
Tras conocerse la resolución de la Corte, el Ministerio Público manifestó que únicamente espera la notificación oficial para presentar el requerimiento. “El equipo de fiscales se encuentra listo para proceder”, indicó la institución.
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El caso se originó luego de que los magistrados del TJE ordenaran la inscripción de Jorge Cálix (Partido Liberal, Olancho) y Cristhian Adalid Villalobos (Partido Nacional, Valle) como candidatos a diputados para las elecciones generales del 30 de noviembre.
Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) se negó a acatar la orden por dudas sobre su legalidad, dejando a ambos fuera del proceso electoral.
Críticas y cuestionamientos legales
El abogado defensor de los magistrados, Oliver Erazo, cuestionó la intención del MP de emitir requerimientos sin fundamentos jurídicos sólidos. “Estamos frente a una situación dramática y a un degradé completo de las garantías constitucionales de todos los hondureños”, declaró.
Erazo advirtió que el país vive un “alto grado de peligrosidad ciudadana” y denunció que el actual estado de excepción carece de legalidad. Según su análisis, la medida no siguió el procedimiento constitucional ni fue aprobada por el Congreso Nacional, lo que pone en riesgo las garantías procesales.
Opinión de Edmundo Orellana
El exfiscal general Edmundo Orellana Mercado coincidió con el planteamiento de la defensa. A su juicio, el órgano Ad-Hoc actuó correctamente y el antejuicio no debió aplicarse. “Si el TJE tiene las mismas prerrogativas que la Corte Suprema, no puede ser objeto de un antejuicio”, afirmó.
Además, Orellana advirtió sobre las consecuencias de que el MP cuestione resoluciones judiciales por simple interpretación. “Si el Ministerio Público considera ilegal una sentencia solo porque le parece, mañana podrían procesar a jueces y magistrados de apelaciones o de la Corte Suprema. Eso sería gravísimo”, concluyó.
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