El Congreso Nacional de Honduras aprobó un nuevo paquete de reformas penales orientadas a fortalecer el combate contra las maras y pandillas. Las medidas no solo incrementan las penas por extorsión, sino que también incluyen controles más estrictos sobre compañías telefónicas, entidades financieras y la venta de chips telefónicos en el país.

Las autoridades aseguran que el objetivo es golpear toda la estructura criminal que sostiene este tipo de delitos, desde quienes ejecutan las amenazas hasta las personas que facilitan el movimiento del dinero ilícito.

Reformas buscan atacar toda la estructura criminal

El presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, Marcos Paz, explicó que las nuevas disposiciones amplían el alcance de la persecución penal.

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Según detalló, las reformas ya no se enfocan únicamente en quienes realizan directamente las extorsiones, sino también en las personas que colaboren con las estructuras criminales mediante cuentas bancarias, transferencias o manejo de dinero obtenido ilícitamente.

Las medidas incluyen sanciones para quienes:

• Presten cuentas bancarias
• Retiren dinero proveniente de extorsiones
• Participen en transferencias de fondos ilícitos
• Inviertan o reinviertan recursos vinculados a actividades criminales

De esta manera, las autoridades buscan debilitar la red financiera que sostiene a las organizaciones delictivas.

Venta de chips telefónicos tendrá mayores controles

Uno de los cambios más relevantes será el control sobre la comercialización de tarjetas SIM en Honduras.

Las reformas establecen que las compañías telefónicas deberán mantener un registro completo, verificable y legal de cada cliente que adquiera un chip telefónico.

Además, las operadoras estarán obligadas a responder en un plazo máximo de 24 horas cuando las autoridades judiciales soliciten información relacionada con investigaciones o intervenciones de comunicaciones.

El diputado Marcos Paz señaló que los chips ya no podrán venderse de manera informal en las calles, ya que las empresas deberán confirmar plenamente la identidad de cada comprador.

Bancos deberán entregar información en tiempo limitado

El sistema financiero también tendrá nuevas obligaciones dentro de las reformas aprobadas.

Las instituciones bancarias dispondrán de un máximo de 10 días hábiles para entregar información solicitada por jueces o autoridades investigativas en casos relacionados con criminalidad organizada y extorsión.

Con esta medida, el Estado busca agilizar las investigaciones y rastrear con mayor rapidez los movimientos financieros vinculados a estructuras delictivas.

Aumentan penas por extorsión y agravantes

Las reformas también endurecen las condenas para el delito de extorsión en Honduras.

De acuerdo con lo aprobado, las penas oscilarán entre 15 y 20 años de prisión, aunque podrían aumentar significativamente bajo ciertas circunstancias agravantes.

Las sentencias podrán incrementarse hasta en un tercio adicional cuando:

• Se utilicen menores de edad
• Participen personas con discapacidad
• Se involucren personas en condición de vulnerabilidad

Maras y pandillas podrían ser catalogadas como terroristas

Otro de los puntos destacados del nuevo paquete legal es que permitirá declarar a las maras y pandillas como organizaciones terroristas.

Según Marcos Paz, estas estructuras han generado temor en distintos sectores del país y provocado fuertes pérdidas económicas debido al cobro de extorsiones.

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Nueva Agencia Nacional contra el Crimen

Las reformas también contemplan la creación de una Agencia Nacional contra el Crimen, la cual integrará:

• Cuerpos de inteligencia
• Fiscales
• Jueces
• Policía Nacional
• Fuerzas Armadas

El objetivo será coordinar acciones estratégicas contra la criminalidad organizada en Honduras.

Con estas reformas, el Congreso Nacional busca fortalecer las herramientas legales y operativas para enfrentar a las maras y pandillas que operan en el país.