El consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, confirma la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público (MP), al advertir lo que considera un intento de consumar una declaratoria presidencial sin haber concluido el conteo total de las actas ni resuelto los recursos pendientes.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Ochoa informó que se retiró de la sesión del pleno del CNE para trasladarse al MP, donde formalizó la denuncia contra lo que calificó como un “golpe de Estado electoral” en curso. Según explicó, la acción busca que se investiguen posibles delitos electorales y hechos conexos derivados de irregularidades detectadas durante distintas fases del proceso de votación y escrutinio.

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En estos momentos, me encuentro fuera de la sesión de Pleno y me dirijo al Ministerio Público a presentar denuncia contra el Golpe de Estado Electoral que se encuentra en ejecución.

— Marlon (@MarlonOchoaHN) December 24, 2025

El consejero señaló que su denuncia apunta a fallas sistemáticas en la implementación, operación y control de varios sistemas tecnológicos clave utilizados en las elecciones. Entre ellos mencionó el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), el sistema de escrutinio general, la plataforma de divulgación de resultados, el mecanismo de identificación biométrica de los electores y el escrutinio especial.

De acuerdo con Ochoa, una de las principales preocupaciones es la supuesta intención de oficializar resultados presidenciales sin que previamente se resuelvan impugnaciones, nulidades y reclamos interpuestos, lo cual señala que contraviene de forma directa el marco legal electoral vigente.

Marlon Ochoa solicitó al MP una investigación penal integral, así como el aseguramiento y la cadena de custodia de toda la evidencia digital y documental relacionada con los sistemas cuestionados; también pidió la ejecución urgente de diligencias técnicas y forenses.

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Según informes técnicos citados por el consejero, durante las pruebas de validación se identificaron inconsistencias como errores en la comprobación de firmas, además de la intervención directa. Añadió que la falta de ambientes de prueba oportunos impidió auditorías independientes y análisis de seguridad, profundizando las dudas sobre la confiabilidad del proceso.