El Poder Judicial de Honduras informó este martes 19 de agosto,  que varios exfuncionarios de la alcaldía de San Marcos, Santa Bárbara, enfrentan procesos judiciales por supuestos delitos como lavado de activos, malversación de fondos y administración indebida del patrimonio público.

Algunos permanecerán en libertad con medidas cautelares, mientras que otros cumplirán arresto domiciliario, según detalló el portavoz del Poder Judicial, Ruy Barahona.

¿Quiénes están involucrados ?

Tras la investigación realizada por la Fiscalía y la revisión de la defensa técnica, el juez de letras penal con jurisdicción nacional tomó varias decisiones respecto a los implicados.

En primer lugar, Carina Perdomo Castillo fue formalmente procesada por lavado de activos. Se le impuso arresto domiciliario con vigilancia policial, prohibición de salir del municipio y del país, además de la suspensión de su cargo como regidora municipal.

Por otra parte, Elisa Alejandra Castellanos Pineda, Dania Ivette Villalbir Torres, Lisset Pineda Villeda y Jesús Alberto Hernández Solís fueron procesados por malversación de uso y administración indebida del patrimonio público, con la imposición de medidas cautelares sustitutivas que les permiten defenderse en libertad bajo ciertas restricciones.

Finalmente, Janet Borjas Maldonado fue sobreseída de manera definitiva por malversación por uso y de forma provisional por asociación para delinquir, quedando exenta de continuar con el proceso en algunos de los delitos investigados.

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“De la Municipalidad de San Marcos en Santa Bárbara y luego de haber recibido las pruebas pertinentes por parte de la Fiscalía, contrarrestadas por la defensa técnica legal de cada imputado, el juez de letras penal con jurisdicción nacional, en forma separada, decretó el auto de formal procesamiento con la medida cautelar distinta a la prisión preventiva a Carina Perdomo Castillo en relación al delito de lavado de activos y se le impone el arresto domiciliario con vigilancia policial. No podrá salir del municipio y del país. También abarca la suspensión del cargo como regidora municipal”, expresó Ruy Barahona, portavoz del Poder Judicial.

¿Qué restricciones enfrentarán los procesados?

Mientras avanza el proceso judicial, los implicados deberán cumplir con varias restricciones establecidas por el Poder Judicial. En primer lugar, deberán presentarse cada 15 días ante la Secretaría del Juzgado de Paz de Santa Bárbara para dar seguimiento a sus casos.

Además, se les prohíbe salir tanto del departamento como del país, limitando su movilidad hasta que se resuelvan las causas en su contra. Asimismo, tienen la obligación de no concurrir a la municipalidad ni a otros lugares específicos relacionados con las investigaciones.

Por último, también se estableció la restricción de comunicarse con determinadas personas, entre ellas Pedro Armando Aguilar Orellana, como parte de las medidas cautelares dictadas para garantizar el correcto desarrollo del proceso judicial.

“A Elisa Alejandra Castellanos Pineda, a Dania Ivette Villalbir Torres, a Lisset Pineda Villeda y a Jesús Alberto Hernández Solís se les han impuesto las medidas cautelares sustitutivas de la presentación periódica cada 15 días ante la Secretaría del Juzgado de Paz de Santa Bárbara. No podrán salir del departamento, mucho menos del país. Todos tienen la prohibición de concurrir a lugares determinados, comenzando por que deben alejarse o no presentarse a las instalaciones de la municipalidad. No pueden comunicarse con personas determinadas, como es Pedro Armando Aguilar Orellana. En ese orden, pues, se ha emitido esta resolución y su causa se sigue en libertad”, agregó Barahona.

El proceso judicial contra los exfuncionarios de la alcaldía de San Marcos continuará bajo seguimiento del Poder Judicial, mientras se cumplen las medidas cautelares impuestas y se desarrollan las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades.

¿Quién lideraba la supuesta red criminal en San Marcos?

El 12 de agosto de 2025, la Fiscalía Especial para la Transparencia, con apoyo de la ATIC y la Policía Militar, capturó a seis personas en San Marcos, Santa Bárbara, entre ellas funcionarios municipales y un candidato a alcalde, por su presunta participación en una red criminal dentro de la municipalidad.

Según el Ministerio Público, la estructura era liderada desde prisión por el exalcalde Pedro Armando Aguilar Orellana, quien habría desviado fondos públicos y dirigido las operaciones de la banda, mientras sus colaboradores realizaban pagos irregulares, adquirían bienes de lujo y cobraban sobornos, incluyendo recursos destinados a proyectos sociales que nunca se entregaron.

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