Las personas que simulen un secuestro u otros delitos con el propósito de obtener dinero o engañar a las autoridades podrían enfrentar procesos judiciales, luego de que la Policía Nacional anunciara que reforzará las acciones legales contra quienes presenten denuncias falsas.

La medida surge tras el incremento de casos de autosecuestros registrados durante 2026 en Honduras, una modalidad que, según las investigaciones policiales, ha sido utilizada por algunas personas para exigir pagos de supuestos rescates a sus familiares o resolver problemas económicos personales.

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De acuerdo con la Policía Nacional, estas conductas están contempladas en el Código Penal hondureño bajo la figura de simulación de infracción inexistente, por lo que los responsables podrían ser llevados ante los tribunales.

La portavoz de la institución, Belkis Valladares, explicó que solo en la región del Valle de Sula ya se han documentado varios casos de este tipo durante el presente año.

«En muchos de estos hechos las personas argumentan que actuaron por necesidad económica, por deudas o porque buscaban salir de problemas financieros», señaló la vocera, al referirse a las justificaciones encontradas durante las investigaciones.

Piden aplicar sanciones

Especialistas en derecho penal consideran que las autoridades deben actuar con mayor firmeza para evitar que esta práctica continúe expandiéndose.

El experto penal Ramiro Medina sostuvo que quienes organicen autosecuestros deben ser procesados conforme a la legislación vigente y enfrentar las penas establecidas, las cuales oscilan entre dos y seis años de prisión.

Asimismo, indicó que hacer públicas las capturas podría servir como una medida disuasiva para evitar que otras personas recurran a este tipo de engaños.

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Autosecuestros en Honduras y su impacto en la seguridad

Los analistas advierten que los autosecuestros no solo generan alarma entre las familias, sino que también representan un gasto considerable para el Estado.

Cada denuncia obliga a movilizar patrullas, equipos de investigación y personal especializado, recursos que podrían destinarse a atender delitos reales o emergencias de mayor gravedad.

El experto en seguridad Invar López afirmó que estas falsas alertas afectan la capacidad de respuesta de las autoridades y retrasan la atención de casos legítimos. «El Estado invierte recursos económicos y humanos para responder a estos reportes, pero en muchas ocasiones todo resulta ser falso», manifestó.

Ante este panorama, la Policía Nacional reiteró que continuará investigando cada denuncia de secuestro y que, cuando se confirme que el hecho fue simulado, podría procederse a presentar los requerimientos fiscales correspondientes.

Las autoridades insistieron en que fingir un secuestro no solo constituye un delito, sino que también pone en riesgo la atención de víctimas reales y compromete recursos públicos destinados a combatir la criminalidad.

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— Once Noticias (@11_Noticias) July 14, 2026