Gilbert Reyes, acusado por la muerte de las jóvenes María Antonia Cruz Ávila, Nikendra McCoy Francisco y Dione Beatriz Solórzano Dixon —esta última, su pareja sentimental— en Roatán, fue trasladado para someterse a un nuevo procedimiento como parte de las investigaciones del caso.

La medida fue autorizada por el Tribunal de Sentencia, tras la solicitud presentada por la defensa del imputado, quien asegura haber sido víctima de tortura y malos tratos por parte de agentes penitenciarios.

Lea También: Violencia contra menores y mujeres sacuden a Honduras en los primeros meses del 2025

A finales de 2024, Reyes difundieron las declaraciones donde afirmaba haber sido agredido por policías militares sin justificación alguna, mostrando supuestas marcas de golpes en su cuerpo.

Frente a estas denuncias, las autoridades procedieron a realizar una valoración bajo el Protocolo de Estambul, un instrumento internacional de las Naciones Unidas que establece pautas para documentar e investigar casos de tortura. Isa Alvarado, portavoz del Medicina Forense, explicó que la evaluación practicada busca identificar signos físicos o psicológicos compatibles con agresiones, y que el dictamen médico-legal derivado del examen será entregado de forma confidencial al juez que lleva el caso.

(Foto: cortesía)

Caso de tres jóvenes en Roatán y captura de Gilbert Reyes

Mientras tanto, Reyes continúa enfrentando un proceso penal por la muerte de las tres jóvenes, quienes desaparecieron el 7 de enero de 2024 tras ser vistas por última vez junto a él. Horas después, sus cuerpos fueron hallados sin vida en el interior de un vehículo abandonado en el sector de French Cay, presentando signos de violencia. La investigación apunta a que fueron asesinadas con arma de fuego dentro del automóvil.

Lea También: Vecinos capturan y amarran a joven acusado de robos en Tela

Tras el crimen, Reyes habría huido del país rumbo a Estados Unidos. Sin embargo, una alerta roja de Interpol permitió su captura en República Dominicana en marzo de 2024; siendo extraditado a Honduras el 23 de julio del mismo año.

Con este nuevo procedimiento forense, el caso da un giro que podría tener implicaciones en el proceso judicial, ya que la validación o desestimación de las denuncias por tortura influirá en las condiciones legales de su detención y en la defensa del acusado.