La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) obtuvo auto de formal procesamiento contra tres exfuncionarios hondureños vinculados a una presunta red de corrupción dentro de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), según confirmó el Ministerio Público (MP).

Entre los procesados se encuentra Rigoberto Portillo Mejía, exmiembro de la Comisión Interventora de la OABI nombrado en febrero de 2023, a quien se le supone responsable de los delitos de asociación para delinquir, uso de información privilegiada, malversación por uso, complicidad de estafa y concusión.

También fueron procesados Jaime Renán Banegas Zerón, exdirector de fiscales del Ministerio Público, y Jorge Luis Martínez Grijalva, por los delitos de asociación para delinquir, usurpación de funciones públicas, complicidad de malversación por uso y estafa, en perjuicio de la administración pública, la fe pública y los derechos fundamentales, además de un testigo protegido.

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— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) September 29, 2025

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Investigaciones

Las investigaciones revelan que los implicados conformaron una red que arrendaba propiedades incautadas mediante contratos ficticios, sin entregar copias a los arrendatarios ni realizar gestiones administrativas ante la OABI. Los pagos eran depositados en cuentas personales, sin ser registrados oficialmente, lo que generó un perjuicio económico significativo. Según informes judiciales, más de un millón de lempiras fueron desviados por esta red.

El Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Criminalidad Organizada dictó medidas sustitutivas a la prisión para los tres acusados, mientras se programó la audiencia preliminar para el 4 de noviembre a las 9:30 a.m., en San Pedro Sula.

“El Ministerio Público reafirma su compromiso de mantener una lucha frontal contra este flagelo, impulsando la identificación y desarticulación de redes fraudulentas público–privado”, señaló la FETCCOP en un comunicado oficial.

Este caso marca un precedente importante en la lucha contra la corrupción institucional en Honduras, especialmente en entidades encargadas de administrar bienes incautados por el Estado.

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