El juez natural a cargo del caso Chequesol, que involucra al exministro de Sedesol, José Carlos Cardona, y a la diputada suspendida Isis Cuéllar, dará a conocer la resolución de la audiencia inicial esta semana.

Ministerio Público solicita endurecer medidas

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público solicitó al juez cambiar las medidas cautelares de los implicados, proponiendo que pasen de arresto domiciliario a prisión preventiva, ante la gravedad de los hechos investigados. La decisión judicial determinará si los acusados enfrentarán el proceso en libertad o bajo detención.

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Origen del caso y presunto fraude

El caso Chequesol surgió a raíz de investigaciones sobre manejo irregular de fondos públicos provenientes de programas sociales ejecutados por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), especialmente en el departamento de Copán. Según la investigación, los recursos del Fondo de Administración Solidaria no habrían llegado a los beneficiarios, sino que habrían sido desviados mediante intermediarios para apoyar estructuras del partido oficialista.

El video que desató el escándalo

La investigación cobró mayor relevancia tras la difusión de un video en el que Isis Cuéllar y José Carlos Cardona detallan el uso de fondos públicos con fines políticos. En el material, Cuéllar explica que los recursos se utilizaron para distribuir kits con equipos de sonido, sillas, mesas, carpas y material promocional, con un valor aproximado de 125 mil lempiras por paquete, entregados a distintas coordinaciones partidarias.

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Implicados en el proceso

Además de Cardona y Cuéllar, el proceso incluye a Luis Manuel Fernández García, Jennifer Nazareth Martínez Suazo, José Manuel Cerrato Villanueva, Eliud Reiniery Aguilar Pineda, Rossy Yanira Ramírez Gonzales, Casandra Gáleas Arias, Fabricio Solórzano, Ilse Baquedano, Paola Pérez y Mirza Sánchez Maradiaga, todos señalados por el Ministerio Público por 67 delitos de fraude en el manejo de fondos públicos.

Repercusiones políticas y sociales

El fallo del juez marcará el rumbo de la etapa inicial del proceso y podría tener implicaciones políticas y legales importantes, considerando el perfil de los implicados y la naturaleza de los hechos investigados.

La resolución se dará en un contexto de alta atención pública, dada la posible vinculación de recursos estatales con actividades político-electorales y el impacto en la credibilidad del manejo de fondos públicos. La audiencia quedó fijada para el miércoles 25 de marzo de 2026 a las 10:00 a.m. 

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