La ministra de Derechos Humanos, Leda García Pagán, expuso una serie de irregularidades cometidas en gestiones pasadas relacionadas con el mecanismo de protección estatal.

Según la funcionaria, altos exfuncionarios y familias afines al gobierno anterior llegaron a contar con hasta tres vehículos blindados, un beneficio que calificó como un uso abusivo de los recursos públicos.

García Pagán señaló que mientras se otorgaban privilegios extraordinarios a ciertos sectores, periodistas críticos y defensores de derechos humanos fueron excluidos del sistema de protección, lo que refleja un manejo discrecional y politizado de las medidas cautelares.

La ministra aseguró que su administración trabaja en la revisión y depuración del mecanismo, con el objetivo de garantizar que los beneficios lleguen realmente a quienes enfrentan riesgos por su labor social, política o periodística.

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Llamado a mayor transparencia

La denuncia se produce en un contexto de creciente demanda ciudadana por mayor transparencia en el uso de fondos públicos y por la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de velar por la seguridad de personas en situación de vulnerabilidad.

Analistas consideran que estas revelaciones podrían abrir investigaciones sobre el manejo de recursos en gobiernos anteriores y marcar un precedente en la lucha contra los privilegios dentro del aparato estatal.

La ministra enfatizó que el mecanismo de protección debe ser un instrumento para salvaguardar vidas y derechos, no para otorgar beneficios desmedidos a funcionarios o allegados al poder.

El anuncio, señaló, genera expectativa sobre las medidas que se implementarán para corregir los excesos y garantizar un sistema más justo y transparente.

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