La comunidad hondureña beneficiaria del Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos recibe un alivio migratorio tras una decisión judicial de este programa y, con ello, la autorización para laborar de manera legal en ese país.

La medida impacta directamente a miles de compatriotas que dependen del TPS para mantener su estabilidad laboral y migratoria.

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El fallo fue emitido el miércoles 31 de diciembre por la magistrada federal Trina Thompson, con sede en California, quien declaró ilegal la cancelación del TPS impulsada por el gobierno del presidente Donald Trump. La resolución beneficia no solo a hondureños, sino también a ciudadanos de Nicaragua y Nepal, sumando más de 60 mil personas protegidas.

Desde Honduras, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración (INM), Wilson Paz, confirmó que la decisión judicial permite a los tepesianos retomar su estatus de regularidad y conservar sus permisos de trabajo mientras dure el litigio o exista un pronunciamiento final sobre el futuro del TPS. El funcionario calificó la noticia como motivo de satisfacción, al considerar que la cancelación no reflejaba la realidad de miles de migrantes con años de residencia y conducta intachable en Estados Unidos.

Paz destacó además el papel clave de la Alianza Nacional Tepesiana, que impulsó la impugnación legal contra la determinación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Según explicó, la jueza concluyó que la administración estadounidense incurrió en fallas al no respetar los procedimientos administrativos establecidos para poner fin al programa.

Estados Unidos extiende permisos de trabajo para hondureños amparados al TPS:

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No obstante, el titular del INM advirtió que la resolución aún podría ser apelada por el gobierno estadounidense. Pese a ello, expresó confianza en que los argumentos jurídicos expuestos y el criterio de la magistrada —quien señaló violaciones a la Ley de Procedimiento Administrativo— prevalezcan..

En su fallo, Thompson anuló la orden emitida por la secretaria del DHS, Kristi Noem, al considerar que la terminación del TPS fue “predestinada” y sin el debido proceso. Además, subrayó que no se respetó el periodo de transición usual de 60 días tras la finalización del estatus, lo que agravó el impacto en las comunidades migrantes.

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Organizaciones defensoras de los beneficiarios celebraron la decisión judicial, aunque lamentaron que la cancelación previa ya provocó pérdidas laborales y afectaciones emocionales en personas que llevan décadas viviendo en Estados Unidos. Desde el ámbito académico, expertos recordaron que el TPS es un mecanismo humanitario diseñado para proteger a migrantes de países afectados por crisis, guerras o desastres naturales, como ha sido el caso de Honduras.