Los requerimientos fiscales contra los generales Romeo Velázquez, Venancio Cervantes y Carlos Roberto Puerto, así como los presuntos cargos contra el expresidente de facto Roberto Micheletti, han generado un intenso debate en el país.
Según el expresidente Porfirio Lobo Sosa, estos requerimientos no deberían existir, ya que el acuerdo de Cartagena de Indias, firmado en 2011, deja sin valor ni efectos los delitos cometidos por quienes dieron el golpe de estado, así como los que se aferraban a la cuarta urna.

“No tiene sentido pensar que vas a hablar de exonerar a alguien o a un grupo. Lo que se busca es la reconciliación nacional, el espíritu”, afirmó el expresidente Lobo.

Diversas opiniones sobre el alcance del Acuerdo de Cartagena

El exmandatario también se refirió a la persecución que enfrenta el general Velázquez: “Te digo esto porque si usted mira lo que está sucediendo, digamos, la persecución que están haciendo contra el general Romeo Velázquez por un tema de un muchacho, que es imposible probarse de marcar eso”.

Por su parte, el asesor presidencial Enrique Flores Lanza explicó que el acuerdo contiene varios puntos importantes, como permitir el ingreso del expresidente Zelaya con sus plenos derechos, el retorno de sus funcionarios y el reconocimiento de sus derechos según la Constitución.

También se busca anular los procesos judiciales contra Zelaya y velar por el cumplimiento de las garantías para el Frente Nacional de Resistencia Popular. Sin embargo, Lanza enfatizó que en ningún momento se aclara la situación de aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad. “Bueno, este acuerdo ya es parte de la historia de nuestro país”, agregó.

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¿Con el acuerdo se podía olvidar y comenzar de nuevo?

En ese sentido, Lanza recordó que Honduras sufrió un golpe de Estado que destruyó la democracia y cometió crímenes de lesa patria y de lesa humanidad, lo que llevó al país a ser expulsado del concierto de naciones.

Para otros especialistas, el acuerdo es claro: es un borrón y cuenta nueva para ambas partes desde el momento en que fue suscrito, con el propósito de que lo ocurrido en 2009 quedara en el pasado.

Quince años después, algunos argumentan que revivir esta historia es una persecución política contra los opositores del gobierno.

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Criterios jurídicos

“Un sentido amplio, lato, censo, como decimos los abogados, incluye un perdón y olvido; esa es la naturaleza jurídica de la amnistía, precisamente para todos los actores que participaron en aquella crisis institucional”, expresó el constitucionalista Oliver Erazo.

Sin embargo, el exfiscal Alex Navas subrayó que ninguna de esas consideraciones aplica a delitos de lesa humanidad, dado que Honduras es suscriptor del Tratado de Roma, donde estos delitos son imprescriptibles.

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