La renovación o no del Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de hondureños radicados en Estados Unidos ha generado inquietud en diversos sectores de la sociedad hondureña.

Organizaciones defensoras de derechos humanos y miembros de la sociedad civil han alzado su voz para exigir una acción coordinada por parte del gobierno.

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Carlos Sierra, reconocido defensor de derechos humanos, advirtió sobre las graves consecuencias que traería la finalización de este beneficio migratorio. “En primer lugar, todos los consulados de Honduras en Estados Unidos deben actuar de manera inmediata. En segundo, la propia cancillería, gestionar acciones diplomáticas para revertir una posible cancelación. Y en tercer lugar, el Estado debe estar preparado para recibir a miles de compatriotas que podrían regresar”, señaló.

Sierra recordó que el TPS fue concedido a raíz de los estragos provocados por el huracán Mitch en 1998, un desastre natural que forzó a miles de hondureños a emigrar tras la devastación de viviendas, cultivos y medios de vida.

“Muchas personas salieron precisamente porque los lugares donde trabajaban, los cultivos no se dieron, crearon vínculos en Estados Unidos, tienen familias y de no darse esta ampliación pues tendremos una situación que el gobierno de Honduras, reitero, en los diferentes niveles, tanto diplomáticos como nacionales deberá atender”, añadió.

¿Qué es el TPS?

El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) es un programa migratorio que otorga protección a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias que dificultan su regreso seguro. Este estatus permite a las personas vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos durante un periodo determinado, renovable si persisten las condiciones que justificaron su concesión.

En el caso de Honduras, el TPS se otorgó tras el huracán Mitch y ha sido renovado varias veces desde entonces. Actualmente, miles de hondureños dependen de este programa para su estabilidad económica y familiar.

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Organizaciones pro derechos humanos han advertido que, en caso de no prorrogarse el TPS, se podría desencadenar una crisis social y humanitaria, tanto en Estados Unidos como en Honduras.

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