El Gobierno anunció la reactivación de un fideicomiso público como mecanismo financiero para reducir la mora quirúrgica en los hospitales públicos del país, una problemática que mantiene a miles de pacientes en listas de espera. Aunque distintos sectores reconocen que esta herramienta podría fortalecer el sistema de salud, advierten que sin una normativa clara el fideicomiso podría ser vulnerable a irregularidades y actos de corrupción.

Especialistas y gremios del sector salud coinciden en que la medida debe ir acompañada de una ley específica que regule la administración de los fondos, tomando en cuenta que se trata de dinero público destinado a la atención médica.

Exigen regulación para evitar corrupción y evasión de la ley

Diversos sectores señalaron que el fideicomiso debe contar con protecciones legales y requisitos claros para evitar su uso discrecional. Advirtieron que, sin una regulación adecuada, este tipo de instrumentos puede utilizarse para evadir la Ley de Contratación del Estado, abriendo espacios a prácticas irregulares.

Entre las principales preocupaciones destacan la falta de controles en la selección de proveedores, la contratación de personal sin capacidad técnica y el favorecimiento de familiares o allegados, situaciones que —según los expertos— también constituyen actos de corrupción.

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Colegio Médico advierte que el fideicomiso no resolverá el problema estructural

El Colegio Médico de Honduras advirtió que la reactivación del fideicomiso no resolverá por sí sola el problema estructural de la mora quirúrgica. Para el gremio, el éxito de la iniciativa dependerá del compromiso, la capacidad técnica y la transparencia de quienes administren y ejecuten los fondos.

El sector médico subrayó que la crisis no se limita a la falta de recursos económicos, sino también a deficiencias históricas en la gestión, planificación y supervisión del sistema de salud pública.

Sector quirúrgico señala fallas en compras y gestión

Desde el ámbito quirúrgico se indicó que uno de los principales focos de corrupción se concentra en los procesos de compra de medicamentos e insumos. Afirmaron que estas prácticas irregulares no se originan en los niveles operativos, sino en las altas esferas donde se toman las decisiones.

También denunciaron el nombramiento de personas sin experiencia en cargos clave, lo que no solo encarece los procesos, sino que impacta directamente en la eficiencia del sistema y el uso del presupuesto público, del cual —aseguran— una parte significativa se pierde por mala gestión y corrupción.

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Proponen veeduría y acompañamiento técnico independiente

Representantes del Colegio Médico coincidieron en que la propuesta debe incluir la participación de personal con experiencia en salud pública y conocimiento real de las necesidades del sector. Además, plantearon la creación de una veeduría permanente que permita transparentar cada etapa del proceso.

Entre las propuestas figura el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y entidades especializadas, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el objetivo de garantizar que los recursos se administren de forma eficiente y en beneficio directo de los pacientes.

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