El exmagistrado del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), José Juan Pineda Varela, fue enviado este lunes 11 de agosto a la Penitenciaría Nacional de Támara luego de que un juez le dictara la medida de detención judicial.

Acusado por su presunta responsabilidad en los delitos de tráfico de influencias y violación a los deberes de los funcionarios.

Pineda, quien permaneció prófugo de la justicia, solicitó días atrás presentarse de forma voluntaria. La tarde del lunes asistió a la audiencia de imputado y, tras finalizarla, el juez ordenó su reclusión mientras continúa el proceso judicial.

La audiencia inicial en el caso contra el exmagistrado José Juan Pineda Varela ha sido programada para el jueves 14 de agosto a las 8:30 de la mañana, donde se conocerán más detalles sobre las acusaciones y las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

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Requerimiento fiscal contra José Juan Pineda

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El requerimiento fiscal contra Pineda fue presentado por el Ministerio Público (MP) el 1 de abril de 2024, junto a otros exmagistrados y exfuncionarios del TSC, entre ellos Ricardo Rodríguez, Douglas Javier Murillo (jefe de auditores), Karen Yadira Martínez (directora legal) y Santiago Antonio Reyes Paz (secretario general).

Según la acusación, todos habrían incurrido en tráfico de influencias y violación de los deberes de los funcionarios.

Las investigaciones apuntan a que en noviembre de 2023 el MP recibió una denuncia anónima sobre empleados del departamento de auditorías del sector municipal que destruían y ocultaban documentos por “órdenes superiores”, presuntamente relacionados con finiquitos de municipalidades.

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En el marco de la investigación, fiscales y agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) incautaron informes y pliegos de responsabilidad, videos de cámaras de seguridad y declaraciones de empleados que aseguraron haber sido obligados a alterar auditorías de municipalidades.

El MP sostiene que dentro del TSC operaba una red de empleados que se aprovechaba de su cargo para influir en subalternos y emitir resoluciones contrarias a la ley, con el objetivo de beneficiar a terceros.