A partir del 8 de septiembre de 2025, más de 50,000 hondureños perderán su protección migratoria en Estados Unidos tras la cancelación definitiva del Estatus de Protección Temporal (TPS), una medida que les permitía residir y trabajar legalmente desde 1999, cuando fue otorgada tras el paso del huracán Mitch.

La decisión fue ratificada por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de San Francisco, respaldando la postura del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de la administración del expresidente Donald Trump.

Aunque una corte federal había extendido el programa hasta el 18 de noviembre, el fallo más reciente confirmó que el beneficio concluye oficialmente el 8 de septiembre.

Riesgo de deportación y apelaciones individuales

Desde el 9 de septiembre, quienes no logren ajustar su estatus migratorio quedarán en situación irregular, enfrentando el riesgo real de detención y deportación. Expertos en migración recomiendan que los afectados presenten apelaciones individuales, aunque advierten que el proceso no garantiza resultados favorables.

“Cada caso debe ser analizado por separado, y los derechos dependerán de la situación migratoria particular de cada persona”, explican expertos en temas migratorios.

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¿Puede revocarse la cancelación del TPS?

Algunos sectores sostienen que la cancelación podría revertirse si existiera voluntad política y colaboración entre los gobiernos de Honduras y Estados Unidos.

Sin embargo, especialistas aclaran que no es posible presentar demandas contra el presidente estadounidense por esta decisión, ya que se trata de una facultad ejecutiva amparada por la ley migratoria vigente.

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Reacciones y recomendaciones

Organizaciones migrantes han criticado la falta de justificación en el fallo judicial y la rapidez del proceso. “Se dieron apenas dos meses para que las personas organizaran su retorno, cancelaran contratos laborales y resolvieran asuntos personales”, señala el experto en relación es exteriores, Omar García.

Por su parte, el gobierno estadounidense ha defendido la medida argumentando que el TPS fue diseñado como una protección temporal, y que las condiciones en Honduras han mejorado lo suficiente como para no renovar el programa.

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Impacto social y económico

La cancelación del TPS no solo afecta a miles de familias hondureñas que han vivido en EE.UU. por más de dos décadas, sino que también representa un golpe económico para Honduras, que podría recibir un flujo masivo de retornados en condiciones de vulnerabilidad.

Activistas advierten que el país no cuenta con la infraestructura ni los programas adecuados para atender esta situación.

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