La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en California ratificó esta semana la cancelación definitiva del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 60,000 migrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal, una medida que entrará en vigor el próximo 8 de septiembre.

La decisión judicial ha generado una ola de reacciones entre familiares de hondureños en Estados Unidos, quienes enfrentan la inminente deportación de sus seres queridos.

“Tengo bastantes familias y de repente es una pena que haya pasado esto. Irse unos para Canadá, que hay más oportunidad. Otros están pensando en venirse a vivir otra vez aquí al país, porque de repente ya no va a haber oportunidades como que tenían con el TPS”, expresó un hondureño visiblemente afectado.

Golpe a la economía de miles de familias

La cancelación del TPS, vigente desde 1999 tras el paso del huracán Mitch, representa un golpe humanitario y económico para Honduras. Según el Foro Social de la Deuda Externa (FOSDEH), las remesas representan más del 20% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Su pérdida podría generar un efecto dominó en el consumo, la estabilidad familiar y el mercado interno.

“Nosotros prácticamente de las remesas vivimos”, afirmó una joven vendedora. “Imagínense cómo va mi mamá a sustentar con sus medicinas”, se cuestionó la entrevistada.

El impacto va más allá de lo económico. La incertidumbre sobre el futuro migratorio de miles de hondureños ha generado temor y desesperación en sus comunidades de origen.

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Más testimonios de afectados

“La desesperación y el temor se apodera de Honduras como un huracán al desecho tras este fallo”, dijo una pariente de inmigrantes. “Millones son las que salen a comprarse su blúmer, su brasier, a tomarse un café. El TPS permitió que estos migrantes pudieran integrarse en la sociedad estadounidense”.

La mayoría de los beneficiarios del TPS han vivido en EE.UU. por más de dos décadas, han formado familias, adquirido propiedades y contribuido activamente al mercado laboral. La deportación forzada implicaría una ruptura familiar y un retorno a un país que aún enfrenta altos niveles de pobreza, violencia y desempleo.

“Vaya, el que hizo pues puede que tenga aquí algo con que subsistir, pero el que no viene a la buena de Dios, estamos sufriendo. Entonces yo creo que realmente ojalá que Dios nos ampare con todo eso”, concluyó otro testimonio.

Organizaciones como la Fundación 15 de Septiembre y la Alianza TPS han advertido que esta decisión judicial expone a miles de personas a la detención y deportación, y han solicitado al gobierno hondureño medidas urgentes de apoyo y reintegración

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