La reciente decisión de un tribunal federal en California de permitir que el Gobierno del presidente Donald Trump elimine el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 60.000 inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal ha generado una ola de indignación entre defensores de derechos humanos y expertos legales, quienes califican el fallo como un “revés devastador” para miles de familias que han vivido por décadas en Estados Unidos bajo este amparo.

El panel del Noveno Circuito de Apelaciones revocó una orden previa que impedía al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) terminar con el TPS, reactivando así la cancelación del programa para aproximadamente 51.000 hondureños.

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Los beneficiarios nepaleses verán su estatus eliminado de inmediato, mientras que los centroamericanos perderán sus protecciones legales y permisos de trabajo el próximo 8 de septiembre, con solo 60 días de gracia para regularizar su situación o abandonar el país.

Organizaciones como la ACLU y la Red Nacional de Jornaleros advirtieron sobre las consecuencias humanas y sociales de esta decisión. Jessica Bansal, abogada de la NDLON, alertó que la medida afectará gravemente a miles de familias mixtas, incluyendo a más de 40.000 niños ciudadanos estadounidenses hijos de beneficiarios del TPS.

El fallo ha sido interpretado por expertos como parte de una estrategia más amplia para desmontar las protecciones migratorias. “Esto forma parte de una campaña coordinada para despojar a inmigrantes de su estatus legal”, denunció Emi MacLean, abogada de ACLU. Coincidió Ahilan Arulanantham, académico de UCLA, quien lamentó que los afectados “merecen algo mejor que este resultado”.

[mks_icon icon=»fa-video-camera» color=»#dd3333″ type=»fa»] Resolución judicial del TPS para Honduras:

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Desde el Gobierno, la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, defendió la decisión asegurando que busca “restaurar la integridad del sistema migratorio” y retornar al propósito original del TPS, argumentando que el programa fue mal utilizado como una vía de asilo permanente.

Mientras organizaciones legales preparan nuevos recursos, los afectados enfrentan la incertidumbre de un futuro cada vez más incierto.